Representantes del sector opinan que se deben considerar créditos en pesos y salarios mínimos para que la gente elija
Con la aprobación de la desindexación del salario mínimo, en octubre por la Cámara de Senadores y en noviembre por la Cámara de Diputados, para desvincular el salario mínimo de distintos pagos administrativos, entre otras cosas, distintos desarrolladores inmobiliarios consideran que se debe revisar el tema, para que no sufran afectaciones quienes buscan casa, ni los empresarios.
Germán Ahumada, presidente del Consejo de Administración de Casas ARA, consideró que se deben analizar los nuevos precios de la #vivienda, porque los costos de varias de ellas estaban definidos en salarios mínimos.
“Lo que querían hacer era nombrar una casa con tantos salarios mínimos, para que hubiera un estándar de la industria, ahora que ya no tengamos esa medición del salario mínimo va a ser más complicado, porque también está relacionado con las tasas de interés”, opinó.
Ahumada dijo que también que se debe explicar a las personas que buscan vivienda, cómo quedaría el nuevo sistema, ya que “al no tener la referencia del salario mínimo no se sabría sobre qué cifra se debe pagar tasa de interés o cómo se la van a cobrar, lo puede significar un golpe emocional para solicitar un crédito”.
Sobre los financiamientos que han otorgado Infonavit y Fovissste, Enrique Vainer, director general de Sadasi, consideró que a lo largo de los años se ha mostrado su efectividad, ahora con la desindexación se tendrían que revisar que esos créditos fueran pagados y recuperables.
“Los créditos en pesos y los créditos en salarios mínimos no son perfectos, unos tienen ventajas y otros desventajas. En mi punto de vista, deberíamos conservar las dos vías y que la gente y los organismos pudieran optar si es en créditos en pesos o salarios mínimos, o si no fuera en salarios mínimos que fuera en Unidades de Inversión (UDI)”.
Agregó que este tipo de créditos han sido efectivos, incluso unos mejores que otros en algunas situaciones, “por ponerlo de manera simple: te encuentras ante una situación cualquiera y tienes una vía, pero también tienes otro camino; pero sobre todo, la parte más importante de todo es que sean 100% recuperables”.
Sin repercusiones
Al ser consultado sobre el tema, el director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Ángel Islava, aseguró que esta medida es positiva.
“La desindexación beneficia porque ya no dependemos de una marca específica, lo que tenemos que hacer es replantear nuevos mecanismos, pero también nuevos criterios de atención a la gente; sin duda, este tipo de políticas, este tipo de soluciones que se están dando en cuanto a la desindexación del salario, nos va a permitir, con inteligencia, poder abarcar mayores campos”, dijo el funcionario federal.
Asimismo, Gustavo Villarreal, director de Desarrollos Lander, consideró que este tipo de políticas que se llevan a cabo deben ser para beneficios de la población y los empresarios de la vivienda.
“Hay muchos desarrollos de vivienda que se han hecho, que son ejemplo de lo que se puede hacer cuando Gobierno federal, Gobierno estatal, Gobierno municipal y la iniciativa privada nos ponemos de acuerdo, se demuestra que sí podemos coincidir en cosas buenas para la sociedad.”
Finalmente, Eugene Towle, consultor en temas inmobiliarios, opinó que no se afectaría al sector inmobiliario, debido a que son pocas las personas que cotizan con salarios mínimos las que obtienen una vivienda.
“Lo que creo que va a pasar con la desindexación es que ya no haya miedo a hacer ajustes de sueldo, quizá los preocupados son los que tiene salarios indexados al salario mínimo en el Infonavit o en otros lados, pero lo más probable es que sean ubicados en la nueva unidad de medida o UDI, porque se les subiría a la gente su mensualidad 20% o 30% de un jalón”.
El 18 de diciembre del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución del salario mínimo que estableció la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con ella a partir del 1 de enero de 2016 el salario mínimo establecido es de 73.04 pesos en todo el país. En 2015, este monto aún se dividió por dos zonas geográficas, en la A de 70.10 pesos y en la B de 66.45 pesos.
