Trabajadores domésticos, vendedores callejeros y recolectores de desperdicios son los tres principales grupos de la economía informal mundial
Uno de los mayores desafíos de los trabajadores informales es no ser reconocidos normalmente como actores legítimos por autoridades y académicos a pesar de su aportación a la economía, señala el World Resources Institute (WRI) en su más reciente reporte ‘Incluyendo a los excluidos’, en cuya elaboración participaron las investigadoras Martha A. Chen y Victoria A. Beard.
Como consecuencia de las narrativas dominantes, este sector poblacional es estigmatizado y señalado como criminal o ilegal; usualmente es ignorado en la realización de políticas urbanas. Sin embargo, la fuerza de trabajo informal representa cerca de 60% de la población económicamente activa a nivel mundial. En zonas urbanas conforma aproximadamente 44% de los trabajadores; en ciudades del hemisferio sur, la proporción llega incluso a 80%.
De acuerdo con datos proporcionados por el informe, cerca del 60% de los trabajadores en México son informales y aportan 30% del Valor Agregado Bruto (VAB). En temas urbanos, la capital de nuestro país cuenta con un 49% de población como parte de la economía informal. En el continente, Lima registra una proporción de 56%. En los registros del hemisferio sur, las cantidades varían entre el 46% de Hanói, Vietnam y 86% de la capital de Uganda, Kampala.
El contenido del reporte busca enfatizar la necesidad que tienen economistas, planificadores urbanos y especialistas en temas de desarrollo para incluir a un sector tan grande de la población en la formulación y ejecución de políticas específicas. Trabajadores domésticos, vendedores callejeros y recolectores de desperdicios son evaluados en ciudades de Tailandia, India y Colombia para comprender los impactos y retos en la materia.
Con miras al cumplimiento del Objetivo 11 de la Agenda de Desarrollo Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana Hábitat III, las especialistas llaman a planificar las ciudades y la economía con un enfoque de inclusión. Señalan también que para ello se requiere la colaboración activa entre gobiernos locales, organizaciones ciudadanas, asociaciones de trabajadores y académicos.
El estudio coloca como primera solución la reflexión de las políticas y prácticas encaminadas a fortalecer al trabajador informal; esto se ve complementado con la eliminación de medidas que los impacten de forma negativa. Posteriormente, recomiendan que la autoridad garantice el acceso a bienes y servicios públicos de forma efectiva para estos trabajadores. Por último, deben contar con un lugar en la mesa de discusión y aprobación de las políticas que les afecten directamente
