En la séptima edición del estudio participaron ABM, ITAM, Moody’s y el el despacho Gaxiola Calvo, S.C. en base a 80 mil expedientes
Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Sonora son las cinco entidades del país donde hay mejor ejecutabilidad contractual, es decir, donde hipotecarias y desarrolladoras tienen mejores condiciones para hacer válidas garantías por venta de vivienda en el país, así lo dio a conocer la Asociación de Bancos de México en la presentación del estudio “Ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las Entidades Federativas”.
El estudio, que realizó la propia asociación en conjunto con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el despacho Gaxiola Calvo, la Asociación de Bancos de México (ABM) y la calificadora Moody’s, se presenta un análisis en varios ejes temáticos en administración hipotecaria, actuación judicial, presentación de avances en juicios, desempeño de magistrados, jueces y auxiliares, salarios, instalaciones, transparencia y accesibilidad de datos e influencia del poder judicial en la ejecución y administración de las sentencias, entre otros temas relevantes.
El análisis, que no se realizaba desde 2007, tiene su eje en áreas de calidad institucional; duración de procedimientos mercantiles; suficiencia y aplicación de recursos humanos y materiales; eficiencia en la ejecución de las sentencias en aspectos de cantidad y calidad, a partir de los cuales Moody’s asignó un índice de ejecutabilidad contractual a las 32 entidades.
Joyce Sadka, investigadora del ITAM, dijo que el estudio fue elaborado durante 2013 con encuestas realizadas a abogados independientes, trabajadores de tribunales en entidades, además de contar con el apoyo en información de los siete principales bancos mexicanos, quienes proporcionaron datos sobre 80 mil juicios hipotecarios.
Se destaca que Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Sonora como las cinco entidades del país donde hay mejor ejecutabilidad contractual con grado EC1; en segundo grado, están Campeche, Coahuila, Durango, Estado de México, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas; con grado EC3, están Colima, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas; en el grado E4C se ubican Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero y Yucatán, mientras que el nivel más bajo de probabilidad de ejecución legal por incumplimiento o grado EC5, están Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja, al referirse sobre los retos que afronta el país -lucha contra el crimen organizado, justicia cotidiana y combate a la corrupción- dijo que en los últimos 20 años, México construyó un marco legal e institucional que es poco valorado por la crítica y que al tener un mejor ámbito en impartición de justicia, dará más garantías para que los bancos cobren las inversiones en sus hipotecas.
“En la medida en la que un estado de la República tenga un mejor sistema de protección legal y de administración de justicia, menores serán los precios o tasas de los créditos que los bancos cobrarán a sus residentes. Hoy en día a los bancos nos cuesta más prestar en donde se tienen menores niveles de ejecutabilidad contractual”, advirtió Robles Miaja.
Destacó además que varios estados mejoraron su sistema jurídico desde la primera publicación del estudio en 1997, pero muchos otros en cambio, requieren realizar cambios a sus instituciones para que sean más confiables y con normas más eficientes.
Metodología y resultados
Las transacciones de los empresarios y los inversionistas son generalmente respaldadas por contratos de naturaleza mercantil. Al celebrarlos, deben evaluar la probabilidad de que, en caso de incumplimiento, éste pueda ser ejecutado judicialmente. La ejecución de un contrato depende en gran medida del desempeño de los Tribunales Superiores de Justicia Local.
Los tribunales más sólidos tienden a estar relacionados con una mayor probabilidad de ejecutar el contrato ante un incumplimiento. “Si un empresario o inversionista puede invertir en dos entidades federativas, es racional que tienda a elegir aquélla donde la probabilidad de ejecutar el contrato ante un incumplimiento sea mayor”, detalla el documento.
Las fuentes a partir de las cuales se han construido los indicadores son: 325 cuestionarios aplicados a abogados que litigan en materia mercantil e hipotecaria; 32 cuestionarios aplicados a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia locales; 32 visitas de apreciación realizadas a las instalaciones de las mismas entidades por parte de encuestadores; información sobre la duración y ejecución de más de 80 mil juicios hipotecarios proporcionada por 7 bancos con gran presencia en el mercado; una investigación jurídica sobre aspectos presupuestales y de diseño institucional de cada uno de los estados con su respectivo Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, Código Penal y Código de Procedimientos Penales.
La calificadora de riesgos Moody’s por su parte realizó una calificación sobre dicha ejecutabilidad en cada una de las entidades y procesó la información bajo sus propios parámetros y metodologías, y asignó uno de cinco posibles indicadores a cada entidad: EC1, EC2, EC3, EC4 y EC5, donde el indicador EC1 significa que la entidad tiene mejor ejecutabilidad que las entidades con indicador EC2 y, a su vez, este último es mejor que las entidades con EC3 y así sucesivamente. El indicador EC5 corresponde a entidades con menor desempeño.
Comparativos entre CDMX y Edomex
Cabe mencionar que en el caso de la eficiencia en la ejecución de sentencias, donde el Distrito Federal ocupa la última posición, los indicadores que se tomaron en cuenta fueron el apoyo de la fuerza pública; porcentaje en la recuperación de créditos; ejecución de resolución a pesar de la simulación de procedimientos laborales; ausencia de criterios discresionales que dilaten el proceso de ejecución; y finalmente, ejecución a pesar de presiones de las partes o terceros.
De acuerdo con el estudio, el Distrito Federal como entidad central, presenta una serie de datos contrastantes, ya que mientras en los rubros de salarios de jueces y presupuesto asignado al Ejercicio 2012 mostró niveles 5 – los más altos a nivel nacional- diametralmente destaca en menor valoración en temas de inmediatez del juez en litigio; existencia de estadísticas generadas por el tribunal; servicios de consulta de expedientes, y confiabilidad en servicios periciales.
Cabe señalar que los montos por remuneración de jueces, fueron, en 2003, de 62 mil 182 pesos, a más de 109 mil pesos en 2012; en contraste, en el rubro de eficiencia en ministerios públicos cayó drásticamente del lugar 4 en 2008, al lugar 26 en 2012.
En cuanto a datos que arrojó el Estado de México, se mostraron niveles más altos en acceso remoto a expedientes en juzgados; salarios de magistrados e inactividad procesal en procedimientos mercantiles; mientras que los datos más bajos los muestran aspectos de inmediatez de juez en litigio; confiabilidad de servicios periciales, y rapidez en procedimientos hipotecarios.
En el tema de remuneración, mostró que en 2003 los jueces ganaban poco más de 54 mil pesos, y para 2012, el monto fue superior a 95 mil 990 pesos; mientras que el rubro más destacado fue el de rapidez en procedimientos ejecutivos mercantiles donde se encuentra en el primer lugar nacional.
Cabe hacer mención que según la metodología y la calificación de la empresa Moody’s, el Estado de México es doblemente eficaz que el Distrito Federal en los rubros señalados.
Diferencias con reporte de 2007
Finalmente, hay que señalar que en el estudio realizado en 2007, las entidades que destacaron en el rubro de Idoneidad de la legislación procesal en materia hipotecaria, los estados que tuvieron mejores calificaciones en los rubros generales fueron Colima, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Sonora, Coahuila y Sonora; en tanto que los estados de Tlaxcala, Michoacán, Chihuahua, Puebla, BCS, y Veracruz, fueron las que tenían la menor garantía de ejecutabilidad, tomando en cuenta criterios de inmediatez o participación activa de un juez en el litigio; calidad de los resoluciones de los jueces; existencia de estadística sobre asuntos, eficiencia del ministerio público e idoneidad de la legislación procesal en materia hipotecaria.
Destacados:
80,000 expedientes se entregaron para el estudio
2013 año en que se realizó
5 tipos de evaluación realizó Moody’s en el estudio
1997 año de realización del primer estudio
13,272 pesos ganó un juez en promedio antes de impuestos en QR durante 2012
109,724 pesos ganó un juez en el DF en el mismo periodo
