Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de México busca ponerle un alto a la corrupción inmobiliaria que está dañando el sano desarrollo urbano de la capital y que trae consigo impactos sociales
La corrupción inmobiliaria es considerada un delito que consiste en autorizar la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los establecidos por la ley, con el fin de recibir dinero o departamentos para beneficio personal, causando de este modo efectos sociales negativos y riesgos de protección civil para la ciudadanía.
Con el objetivo de prevenir y combatir este delito, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, presentó la iniciativa de Decreto por el que se adicionan el Capítulo XV y el Artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal.
Dicha iniciativa establece que aquel que cometa el delito de corrupción inmobiliaria será sancionado con 10 a 20 años de prisión. No obstante, la pena mencionada anteriormente aumentará en una mitad más cuando se obtenga algún beneficio económico.
Va gobierno CDMX contra corrupción inmobiliaria
Al respecto, el mandatario capitalino mencionó que la corrupción inmobiliaria ha representado un freno para el correcto desarrollo de la capital. Ante ello, dijo, la administración de la Ciudad de México buscará poner un alto a este fenómeno que, añadió, ha impactado en el encarecimiento de vivienda.
Entre otras cosas, indicó que con la iniciativa, se buscará castigar a servidores públicos que autoricen proyectos con más niveles de lo que permite la norma, con especial énfasis a quienes reciban prebendas económicas por esas acciones.
«Hoy presenté una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer el delito de corrupción inmobiliaria, mediante la inclusión del Capítulo XV y el Artículo 276 Quater, que establece una pena de entre 10 y 20 años de prisión para los servidores públicos que autoricen la construcción de más niveles que los permitidos en las nuevas edificaciones. Se aumentará la pena en una mitad más cuando se pida dinero o departamentos a cambio de las autorizaciones. El fenómeno de la corrupción inmobiliaria ha encarecido el costo de la vivienda y el suelo», señaló Martí Batres a través de la plataforma X.
Te puede interesar: Estiman crecimiento sostenido del sector inmobiliario en 2024
Por su parte, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, detalló que la iniciativa tiene tres objetivos principales: disuadir el surgimiento de organizaciones similares dentro de la administración pública de la Ciudad de México y sus alcaldías; contar con instrumentos normativos que permitan combatir eficazmente la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que impidan el ejercicio de los derechos de las personas; y contribuir desde el ámbito penal a la transformación de la política inmobiliaria capitalina, al establecer la vivienda digna y segura como un derecho fundamental y no un objeto de especulación financiera.
“Las normas tienen que ser dinámicas, no podemos pensar en normas inamovibles. ¿Cuál es el sentido de las normas? Enmarcar procesos sociales y, por supuesto, regular la convivencia social. (…) Podrá ser un elemento muy eficaz en el combate a esta lacra que ha sido la corrupción inmobiliaria y la participación de servidores públicos en ella. (…) Lo importante es cambiar la cultura política, es cambiar la forma en que se usa en la actualidad por parte de algunos sectores y se usó históricamente el servicio público para enriquecimiento de grupos o de personas; y es cambiarlo por una visión diferente donde los servidores públicos, efectivamente, hacen honor a su nombre: sirven a la sociedad”, concluyó.
