Por Horacio Urbano
“Reactivar la Economía” es una frase contundente y total, cuya viabilidad exige acciones específicas y diferentes en función de cada actividad, y dentro de las mismas, en función de plaza, segmento o producto.
Pero no hay que darle muchas vueltas, la reactivación es una urgencia cuyo éxito depende de la contundencia, tamaño, eficiencia y oportunidad de las medidas que se tomen, en un esfuerzo conjunto y coordinado de gobiernos, sociedad e iniciativa privada.
En el caso específico del sector inmobiliario, la reactivación implica que los gobiernos locales asuman la responsabilidad de reconocer las nuevas necesidades de la sociedad, las asuman como objetivo de su gestión, reconfiguren alianzas con sociedad e iniciativa privada y ajusten sus instrumentos de planeación y gobernanza para crear condiciones que permitan darles respuestas plenas, suficientes y oportunas.
Deben hacerlo porque el desarrollo inmobiliario es factor clave para atender todo tipo de necesidades espaciales de la sociedad y porque al hacerlo se detona una actividad productiva altamente generadora de empleo y con impacto en 37 ramas de la economía.
Deben hacerlo, porque la pandemia puede transformar o pausar las necesidades de la gente, pero no las elimina y todos seguimos necesitando, y en algunos casos mas que nunca, viviendas, comercios, lugares para trabajar y para la recreación, y todos los activos urbanos que van ligados a ellos.
Sobra decir que esta reactivación no será fácil, porque implica asimilar primero los cambios que la pandemia ha traído y traerá a las actividades humanas, generando en consecuencia ajustes importantes a la forma de entender los activos inmobiliarios que se usan para ello, y provocando la necesidad de ajustes igual de importantes en los marcos normativos relacionados con su producción y uso.
La pandemia tiene y tendrá un inusitado efecto disruptor en las actividades y necesidades humanas, y será responsabilidad de las autoridades, fundamentalmente del ámbito local, crear condiciones propicias para que esos cambios no incidan en forma negativa en la calidad de vida y acceso a oportunidades de todos los segmentos de población.
Es evidente que algunas actividades han cambiado en lo inmediato y seguramente en el futuro mantendrán algunos de esos cambios, lo que implica inevitables nuevas lecturas para todos los segmentos de la industria del desarrollo inmobiliario, y, por ejemplo, que al mismo tiempo que pensamos que hacer en lo inmediato con centros comerciales y oficinas, habrá que empezar a plantear los modelos que ese tipo de complejos tendrán en el futuro.
En el caso de la vivienda habrá que pensar en las nuevas preferencias que nos está dejando la pandemia y, sobre todo, en la enorme responsabilidad que debe implicar para los gobiernos el multiplicar las oportunidades para que toda persona tenga acceso a una vivienda adecuada y bajo el modelo de ocupación que mejor responda a cada quien.
Es urgente que los gobiernos locales asuman la responsabilidad de la planeacion urbana en su territorio y de crear entornos adecuados para atender en forma amplia y eficiente la demanda de vivienda.
Hoy hay que decir con toda claridad que en la mayoría de los casos los gobiernos locales son un obstáculo para las metas de la Política Nacional de Vivienda.
Toca revertir ese absurdo y ello no se logra con discursos, sino con ajustes a normatividad y modelos de gobernanza, que tengan como punto de partida programas de planeacion urbana cuya materia prima no sean los colores, sino la gente, sus actividades, su calidad de vida y un proyecto de futuro.
