Por Román Meyer Falcón*
A menos de nueve meses de que concluya la presente administración, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hacemos un corte de caja para revisar lo que hemos logrado, organizar lo que debemos concluir antes del fin del sexenio y, también, definir los temas pendientes para que el siguiente gobierno pueda considerarlos y retomarlos con facilidad.
No hay duda de que este sexenio ha marcado un antes y un después en materia de desarrollo urbano, vivienda y planeación del territorio. Hoy podemos decir que hay una política de Estado cuyo fin es disminuir las enormes desigualdades socioespaciales que surgieron después de años de repliegue ante las fuerzas del mercado. Así, desde la Sedatu se ha buscado retomar la rectoría pública del suelo, por medio de programas y acciones que ponen en el centro a todas las personas, pero, sobre todo, a las más pobres.
En específico, hemos trabajado arduamente para mejorar la vida en zonas marginadas de centros urbanos a lo largo y ancho del país. Entre los logros destacan dos alcanzados con el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). El primero, y mayor en términos presupuestarios, es la construcción o renovación de más de 1,000 obras, espacios públicos dignos y con calidad arquitectónica —plazas, parques, mercados, escuelas, deportivos, centros culturales, calles, ciclovías y más— mediante una inversión superior a los 33 mil millones de pesos. El segundo, a pesar de ser menor en términos monetarios (cerca de 220 millones de pesos), consiste en la creación o actualización de 217 planes o programas de desarrollo urbano, metropolitano u ordenamiento territorial, lo cual tiene el enorme potencial de encaminar el desarrollo sostenible de nuestras ciudades.
En relación con las acciones de vivienda, los cambios son también notables. En este gobierno partimos de la idea de que la vivienda es un derecho humano, antes que una mercancía, mediante el cual las personas pueden acceder a otros derechos igualmente fundamentales. En ese sentido, desarrollamos una nueva Política Nacional de Vivienda (PNV) cuyos objetivos principales pueden resumirse en cuatro: 1) redireccionar los créditos y subsidios hacia zonas del país con mayores carencias; 2) priorizar los apoyos a la autoproducción para mejoras y ampliaciones de vivienda (reconociendo que esa es la mayor necesidad de la población); 3) mejorar las condiciones de créditos en términos de montos, intereses, plazos de pago y flexibilidad de uso y 4) regular la ubicación de la construcción de nuevas viviendas para asegurar que se hagan en sitios cercanos a los centros poblacionales y con acceso a todos los servicios básicos. A la fecha llevamos cerca de 3.2 millones de acciones y hemos estimado que gracias a la visión social de la PNV casi tres millones de personas han dejado de vivir en condiciones de rezago habitacional.
Hacia el cierre de la administración, seguimos trabajando para concluir en los siguientes meses obras de gran envergadura e importancia, como el Parque del Jaguar en Tulum (ya muy cerca de concluirse), la nueva sede del Archivo Agrario Nacional en la Av. Juárez de la Ciudad de México y la Ciudad de las Artes Indígenas en Tepic. Al mismo tiempo, los trabajos de este año contemplan la elaboración de 80 instrumentos de planeación y ordenamiento territorial más, para terminar el sexenio con casi 300, un hito muy relevante, considerando que en todo el gobierno pasado sólo se hicieron tres. Además, con respecto a los asuntos de vivienda, el ritmo de colocación de créditos y subsidios no bajará y tenemos el reto de lograr que un millón más de personas logren salir de la condición de rezago habitacional.
Ahora bien, de cara al inicio del nuevo sexenio vale la pena enunciar algunos procesos que habrá que profundizar y otros que podrían empezarse. Por lo que se refiere a los espacios públicos hechos en este gobierno es importante mejorar la coordinación con autoridades locales para continuar asegurando el uso, la administración y mantenimiento de las obras (a propósito de ello, cabe decir que al día de hoy 98% de los que hemos construido están en operación). En cuanto, a la planeación del desarrollo aún falta elaborar o actualizar los planes y programas de la mayoría de los municipios del país, lo cual resulta primordial, pues la facultad de administrar los usos de suelo es municipal, al igual que la responsabilidad de varios servicios públicos esenciales. Más aún, en los temas de vivienda será importante fortalecer la estrategia y normatividad para atender a la población no derechohabiente y diseñar políticas y programas para regular y apoyar el sector de arrendamiento.
Para concluir, sólo quiero dejar en claro que los programas y políticas ejecutados desde el gobierno federal no podrán por sí solos contribuir a solucionar enormes problemas que surgieron en nuestras ciudades tras años de crecimiento desordenado. Mucho menos podrán resolver fenómenos globales como la crisis ambiental. En ese sentido, las ciudades mexicanas dependen del trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno y también, desde luego, del sector privado y social. Esto, no cabe duda, está englobado en dar mayor seriedad a las labores de planeación, que por décadas se dejaron a un lado. Ahí hay un reto enorme pero también una oportunidad proporcionalmente significativa, que, en caso de aprovecharse, puede llevar a que nuestros centros urbanos sean económica, social y ambientalmente viables en los años por venir.
*Román Meyer Falcón
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del
Gobierno de México
