Infonavit mantiene sin cambios el esquema mientras autoridades evalúan resultados y posibles modificaciones a las obligaciones patronales
El Infonavit amplió la vigencia de las reglas que regulan su participación en la prueba piloto para la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al sistema de vivienda.
La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), da continuidad al marco operativo emitido en 2025, sin introducir cambios de fondo, pero con el objetivo de evitar interrupciones mientras se analizan los resultados del programa.
El esquema deriva del decreto que reformó la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales, publicado el 24 de diciembre de 2024, el cual reconoce la relación laboral de quienes prestan servicios a través de aplicaciones y establece obligaciones patronales en materia de seguridad social.
En ese sentido, las plataformas digitales deben registrar a sus trabajadores desde el inicio de la relación laboral ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, en consecuencia, ante el Infonavit, lo que habilita su acceso al sistema de financiamiento a la vivienda.
Además, las empresas están obligadas a aportar el equivalente al 5% del salario de los trabajadores al fondo de vivienda, con pagos bimestrales calculados sobre mensualidades vencidas.
Las disposiciones también consideran obligaciones operativas, como reportar movimientos laborales, permitir actos de verificación por parte de la autoridad y mantener actualizada su información fiscal. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas conforme a la legislación vigente.
Con la ampliación, el Instituto establece que las reglas se mantendrán vigentes hasta que se emitan nuevas disposiciones, en línea con el proceso de evaluación interinstitucional que se desarrolla junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Este análisis considera los resultados de la prueba piloto y el nivel de cumplimiento de las plataformas digitales, con el fin de determinar si es necesario ajustar las obligaciones patronales en materia de vivienda.
