La reforma a la Ley de Vivienda integra el concepto de vivienda adecuada con criterios de accesibilidad, asequibilidad y ubicación
Las comisiones unidas del Senado aprobaron el proyecto de decreto que reforma la Ley de Vivienda que busca garantizar que toda persona acceda a una vivienda adecuada, en línea con la reforma constitucional aprobada en 2024.
Con 21 votos a favor, ocho en contra y una abstención, las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera, avalaron el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, con el que se actualiza el marco legal en materia habitacional.
La reforma no solo armoniza la ley con el texto constitucional, sino que también introduce una definición operativa de vivienda adecuada, con criterios que deberán observarse en la política pública y en el desarrollo habitacional.
En este contexto, el dictamen establece que una vivienda adecuada debe cumplir condiciones de accesibilidad, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad; respetar la adecuación cultural de sus habitantes y asegurar niveles de asequibilidad que no comprometan otros gastos del hogar.
Asimismo, incorpora elementos relacionados con la disponibilidad de servicios e infraestructura, la habitabilidad de los espacios, la seguridad jurídica en la tenencia y la ubicación en entornos con acceso a empleo, salud y educación.
Acciones para impulsar la vivienda adecuada
A partir de estos criterios, la reforma redefine el papel de las instituciones públicas en la implementación de la política de vivienda.
Por un lado, faculta al Gobierno Federal para coordinar, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), programas y acciones en conjunto con los sectores público, social y privado, así como con organismos que financian o desarrollan vivienda para personas trabajadoras.
Por otro, establece un marco de actuación para estas instituciones, que les permitirá participar de manera más activa en el desarrollo habitacional, tanto en la construcción como en la mejora del parque existente.
En ese sentido, el dictamen contempla que los organismos de vivienda podrán adquirir, rehabilitar o construir inmuebles, así como financiar procesos de autoproducción, intervenir en la urbanización de suelo y desarrollar conjuntos habitacionales.
Además, podrán arrendar o enajenar viviendas y generar esquemas que faciliten el acceso a financiamiento suficiente y en condiciones accesibles.
El documento también abre la posibilidad de integrar servicios complementarios dentro de los desarrollos habitacionales, lo que amplía el alcance de la política más allá de la edificación de vivienda.
No obstante, precisa que todas estas acciones deberán ejecutarse sin afectar la estabilidad financiera de los fondos de vivienda ni los derechos adquiridos por las personas trabajadoras.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que la reforma fortalece el marco jurídico y amplía el alcance social de la política habitacional, al tiempo que proporciona herramientas más claras para garantizar el derecho a la vivienda.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, destacó la necesidad de consolidar este derecho en la práctica.
“Tenemos que reconocer que la vivienda no es un privilegio, no es una mercancía, sino un derecho humano de todas las personas. Y ahí es donde radica la importancia de pasar del discurso a la acción y de la aspiración a la garantía efectiva”, señaló.
