La Sedatu busca armonizar el concepto de vivienda adecuada, fortalecer a los organismos del sector y actualizar instrumentos técnicos
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) prepara una revisión integral de la Ley de Vivienda con el objetivo de actualizar el marco normativo del sector, armonizar el concepto de vivienda adecuada y fortalecer las capacidades institucionales para atender los desafíos que enfrenta el acceso a la vivienda en México.
Durante su participación en el Capítulo 3 de Liga Inmobiliaria, Circe Díaz Duarte, directora general de Política de Vivienda de la Sedatu, explicó que estos trabajos forman parte de las acciones derivadas del Programa Nacional de Vivienda, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación, y que se sustentan en cuatro ejes estratégicos orientados a fortalecer la política habitacional del país.
La funcionaria destacó que uno de los principales frentes de trabajo es la armonización normativa, que contempla una revisión completa de la Ley de Vivienda en coordinación con los organismos nacionales del sector.
“Tenemos en puerta la revisión completa de la Ley de Vivienda. Por supuesto que hemos estado trabajando en coordinación con los organismos nacionales de vivienda, pero es necesario ir revisando qué podemos ajustar, porque realmente es necesario fortalecer a las instituciones y a los organismos nacionales de vivienda para que atiendan los problemas públicos que hemos identificado”, señaló.
Entre esos desafíos, mencionó la especulación del suelo, la disminución en la construcción de vivienda, el incremento de los costos habitacionales y las dificultades que enfrenta una parte de la población para acceder a mecanismos de financiamiento.
Hacia una definición clara de vivienda adecuada
Asimismo, Díaz Duarte explicó que la actualización normativa responde también a la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024, mediante la cual el concepto de ‘vivienda digna y decorosa’ fue sustituido por el de ‘vivienda adecuada’.
Según indicó, este cambio implica establecer parámetros más precisos para determinar qué características debe cumplir una vivienda y generar herramientas que permitan evaluar objetivamente su cumplimiento.
“Con el cambio de vivienda digna y decorosa a vivienda adecuada, que no es un tema meramente de términos, sino de concepto de fondo, nos dejó en una situación de preguntarnos dónde dice qué es vivienda adecuada.
“Todo esto se preparó para armonizar los términos de vivienda adecuada, lo que nos permite identificar con claridad cuáles son estas características con las que debe contar la vivienda y que ahora ya pueden ser medibles para revisar que efectivamente se cumplan las condiciones mínimas que requiere la población”, explicó.
La funcionaria señaló que esta armonización permitirá fortalecer las atribuciones institucionales y establecer criterios más claros para el diseño y evaluación de las políticas públicas en materia habitacional.
Actualizarán el Código de Edificación de Vivienda
De igual manera, como parte de los trabajos de modernización del sector, la Sedatu también impulsa la actualización del Código de Edificación de Vivienda, un instrumento técnico que busca incorporar aspectos relacionados con la autoproducción habitacional, una modalidad que actualmente tiene una participación significativa en la construcción de vivienda en el país.
La actualización se desarrolla en coordinación con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) y contempla la participación de gobiernos estatales y municipales para facilitar su implementación a nivel local.
“Hoy en México se construye más autoproducción que producción de vivienda anual. Entonces ningún reglamento local en todo el país incluye esta parte de autoproducción; necesitamos revisar cuáles son las condiciones mínimas y cómo desde los gobiernos locales se puede acompañar a la propia población para que construyan de una manera más resiliente, más segura para ellos”, afirmó.
De acuerdo con Díaz Duarte, el objetivo es que las familias cuenten con mejores herramientas y acompañamiento técnico para desarrollar viviendas más seguras, resilientes y adaptadas a las necesidades de cada territorio.
Asequibilidad y ordenamiento territorial
Por otro lado, la funcionaria de Sedatu señaló que la asequibilidad constituye uno de los ejes centrales del Programa Nacional de Vivienda, al considerarse un elemento indispensable para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda.
En este sentido, destacó las acciones impulsadas por organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) para sanear créditos y ampliar las alternativas de financiamiento disponibles para la población.
Asimismo, explicó que otro de los ejes prioritarios consiste en vincular las políticas de vivienda con las estrategias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para asegurar que los nuevos proyectos se desarrollen en zonas con capacidad suficiente para recibir infraestructura, equipamiento y servicios.
Convocan a fortalecer la coordinación entre sectores
Además, Díaz Duarte subrayó que el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda requiere la participación coordinada de todos los actores vinculados al sector, incluidos gobiernos, organismos nacionales de vivienda, desarrolladores, inmobiliarias, notarios y especialistas.
“No sólo somos los organismos nacionales de vivienda, la Sedatu, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales; también están los notarios, las inmobiliarias, los desarrolladores, todos los actores que hoy pueden observar cuáles son las necesidades reales de la población”, comentó.
Finalmente, la funcionaria informó que, en el marco del Consejo Nacional de Vivienda, se trabaja en la construcción de un sistema nacional de monitoreo y evaluación que permitirá medir el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda y dar seguimiento a diversos indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Con ello, la Sedatu busca consolidar una política habitacional con mayores capacidades de evaluación, coordinación institucional y actualización normativa para responder a las necesidades de vivienda de la población mexicana.
