“Me parece que es darle un espacio legal a la ilegalidad, pero sí entiendo que algo tienen que hacer con esas viviendas”, dijo Urbano
Durante una entrevista con Gabriela Warkentin, Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano, afirmó que la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para regularizar las viviendas invadidas normaliza la ocupación irregular de inmuebles.
El arquitecto explicó que el Infonavit ha recuperado cerca de 160,000 viviendas cuyos propietarios dejaron de pagar por alguna razón; sin embargo, el Instituto se ha percatado de que la gran mayoría de esas viviendas no están deshabitadas, sino que han sido invadidas.
“La gran mayoría de las viviendas que están recuperadas por el Infonavit en realidad están invadidas, o sea, no están deshabitadas. La gente veía conjuntos habitacionales abandonados, deshabitados, y se metía, y ahí están, llevan años ahí. Entonces, ahora lo propone el Instituto es, esas viviendas específicamente, vendérselas a quienes las invadieron”, detalló.
Y, aunque reconoció que se trata de una situación compleja para el Infonavit, Urbano manifestó su desacuerdo con la medida.
“Imagínate que llamaran a toda la gente que se ha robado un coche y les dijeran ‘les vamos a dar papeles’. No me gusta, porque de alguna forma es normalizar la invasión. Entiendo que lo quieran hacer, porque esas personas va a ser muy difícil que las saquen, llevan años viviendo ahí; pero, así como va a ser muy difícil sacarlas, yo veo muy difícil que estas personas que ilegalmente invadieron una propiedad ahora estén dispuestos a formalizarse, a a tomar un compromiso de un crédito, a pagar”, comentó.
Asimismo, mencionó que esta propuesta podría enviar un mensaje erróneo a la población e incentivar la ocupación irregular de las viviendas. “El mensaje me parece malo, porque significa que, apenas alguien vea una casa que el Infonavit ya recuperó, la invada, porque se la van a acabar vendiendo”.
Sin embargo, el arquitecto admitió que el Infonavit enfrenta una problemática importante, pues recuperar esas viviendas implicaría iniciar cerca de 160,000 juicios de desalojo, lo cual, por la ubicación de los inmuebles, sería inviable.
“Me parece que es darle un espacio legal a la ilegalidad, pero sí entiendo que algo tienen que hacer con esas viviendas, y quizá el camino sea intentar por ese grupo de personas que las invadieron, porque a fin de cuentas las invadieron porque necesitan un lugar donde vivir”, señaló.
Otro factor que complica el panorama es el abandono derivado de malas decisiones de política pública en el pasado. “Durante mucho tiempo se construyó vivienda en zonas alejadas, sin servicios ni conectividad urbana. Muchas de esas casas no le servían a la gente, por eso se abandonaron. Hoy, en muchos de esos lugares, las personas que las ocuparon ya formaron comunidades”, señaló Urbano.
En ese sentido, insistió en que se trata de una situación que pone en tensión el cumplimiento de la ley y la búsqueda de soluciones prácticas. “Es muy difícil decirlo, pero a veces hay que entender que ya se formaron tejidos sociales en esos espacios. ¿Qué haces entonces? ¿Legalizas lo ilegal o lo ignoras y dejas el problema crecer?”, finalizó.
