Por Carmen Contreras*
Las obras públicas y privadas en la Ciudad de Mexico deberían ser consultadas desde la formulación de un proyecto, durante su construcción, al final de esta y en su ocupación o uso para saber qué impactos “buenos” y “malos” generó.
De manera común, se piensa que una consulta tiene el formato de una pregunta que se formula echando a andar una pesada burocracia y en donde vecinas y vecinos opinarán en una asamblea en donde no faltará quien se oponga siempre, en todo lugar y ante cualquier proyecto (aún cuando no sea residente de la colonia o barrio en donde se pretende desarrollar).
Esta idea popular no es gratuita ya que la manipulación en la política es real. Por ello, mencionar una consulta nos remite a pensar en más obstáculos para reactivar el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario que aporta la tercera parte de los empleos en la capital.
En la Ciudad de México presenciamos la evolución de los mecanismos para definir los programas de desarrollo urbano, los programas parciales y otras formas de ejercer el derecho a una planeación participativa como la que establece la Constitución de nuestro país.
Pero esta evolución del marco normativo de la planeación del desarrollo urbano no ha impedido el oportunismo vecinal que llega a oponerse a proyectos tan necesarios para crear valor público como lo es una línea nueva de Metrobús. O en el caso contrario, a pesar de la oposición fundamentada legalmente, se siguen construyendo obras que pasarán factura a las futuras generaciones por el deterioro ambiental que provocarán, como en el caso del puente vehicular de Cuemanco, Xochimilco.
Desde el 2019 planteamos a las autoridades de Medio Ambiente en la Ciudad de México contar con otros modelos de consulta apoyados en la Constitución local para impulsar los procesos de planeación participativa de las personas interesadas en lo que ocurre en el entorno inmediato de una obra y de la población flotante.
El instrumento llamado “Evaluación de Impacto Social” establecido en el “Aviso por el que se da a conocer el Proceso de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de diciembre del 2019, se aproxima a esta idea pero no es claro ni suficiente y queda bajo la “buena voluntad” del desarrollador de un proyecto de 10 mil m2 de superficie o más someterlo a consulta y transparentar la información sobre sus acciones de mitigación y los métodos que se utilizan para pedir la opinión de la gente, tomarla en cuenta y adaptar sus propuestas.
Este Aviso es limitado ya que, desde su publicación, solamente 9 obras privadas se han sometido a consulta y evaluación según registros de la Secretaría del Medio Ambiente proporcionados a una servidora mediante solicitud de información pública.
Debe potenciarse la “Evaluación de Impacto Social” como un estudio “paraguas” en donde queden integrados los estudios de impacto ambiental e impacto urbano (con su respectivo impacto de movilidad). Me refiero no solo a una integración administrativa que evite ir de una ventanilla a otra para solicitar una autorización. Me refiero principalmente a la obligación de toda empresa cuya actividad va a modificar el entorno urbano y comprometer la sustentabilidad ambiental de identificar:
- Redes de actores sociales que utilizan el espacio público inmediato al proyecto, así como sus intereses y expectativas. Por ejemplo, organizaciones formales de vecinos y organizaciones no formales de usuarias y usuarios del espacio público. También personas con influencia en las decisiones políticas y burocracias.
- Área de influencia del proyecto, diferente a la que se plantea en los estudios de impacto urbano, de medio ambiente y movilidad. En este caso el área de influencia de un proyecto debe tener en cuenta no solo los perfiles socio-demográficos de una colonia, alcaldía y zona, sino la factibilidad de servicios desde la demanda ciudadana registrada en las alcaldías, la disposición de recursos naturales, la capacidad institucional para dar respuesta a la demanda vecinal, los cambios en la ocupación de la calle, así como los cambios en la vocación de las actividades económicas formales e informales, incluyendo el trabajo de cuidados.
Actualmente los estudios de impacto urbano, ambiental y de movilidad son un requisito del cual se sirven las burocracias corruptas para permitir obras sin que haya una verdadera evaluación de los efectos que tendrán a mediano y largo plazo. Las medidas de mitigación, que son parte de las autorizaciones para construir, tampoco reflejan lo que las empresas deben retribuir a la sociedad, más allá de los pagos de derechos.
La consulta no necesariamente implica abrir una caja de Pandora. Dar información a la ciudadanía de lo que se piensa construir, sumar acompañamientos de vecinos y gobierno genera beneficios. Hablamos de corresponsabilidad social.
Texto y fotografía: Carmen Contreras
*Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
