Por Jaume Molet Pérez
Aunque el panorama en el sector de la vivienda parece haberse esclarecido un poco al final de este complicado 2019, aún quedan algunos problemas por resolver y desde mi punto de vista, estos son los que más preocupan a los que nos desenvolvemos en el mercado inmobiliario: la producción de vivienda y la corrupción.
No es ninguna novedad que, de enero a octubre del 2019, la construcción de vivienda se ubicó en su nivel más bajo en siete años, lo cual se debió mayoritariamente a una falta de inversión por parte del sector privado.
Según datos del Registro Único de Vivienda (RUV) durante estos meses, solamente se produjeron 146,647 unidades en el país, lo que equivale a – 17% menos que en el mismo lapso de 2018.
¿A qué se debió la falta de inversión de la industria privada?
Todo parece indicar que se originó ante la perspectiva de un menor acceso a casas del segmento Interés Social por parte de la población objetivo, esto, tras la eliminación del subsidio federal para este tipo de viviendas que se dio en este año, es decir, aquellas personas que perciben un menor ingreso económico se abstuvieron por completo de considerar la adquisición de una propiedad.
Sumado a esto, nos encontramos con el decrecimiento económico, la contracción de 14 meses en el sector de la construcción y los problemas estructurales para el desarrollo de viviendas, por ejemplo, la falta de la infraestructura mínima que sacarían adelante los proyectos habitacionales, que ya venían desde antes, no solamente por el cambio de gobierno, que de igual manera fue un factor de mucha importancia en la desaceleración del mercado.
De acuerdo con los expertos la inversión en infraestructura podría ser solamente del 2.5% del PIB para el 2020.
El segundo problema, el de la corrupción, contribuye en gran medida al aumento de la gentrificación, fenómeno que se da en las grandes ciudades especialmente en la CDMX, donde los cambios de uso de suelo y la falta de herramientas de control aceleraron este fenómeno en donde una propiedad aumenta su valor pero no contribuye con su entorno.
¿Por qué es un problema? porque la ley establece medidas para tener control sobre las plusvalías y en general la especulación inmobiliaria, por ejemplo una vez que una propiedad aumenta su valor se paga un impuesto a la ciudad para que se puedan realizar mejoras a la zona, pero tristemente la mayoría de las veces esto no sucede y los únicos que han salido ganando son aquellos que promueven los cambios de uso de suelo y aquellos que lo facilitan.
Y es esto lo que el gobierno de la CDMX pretende erradicar; como ya he comentado en colaboraciones anteriores, desde que llegó al poder Claudia Sheinbaum, se han tratado de frenar las irregularidades del sector, deteniendo concesiones de construcción a varias empresas que parecían estar vinculadas a procesos de corrupción, esto causó un rezago en el mercado del cual todavía no nos hemos repuesto y probablemente no lo hagamos hasta el primer semestre del 2020, sin embargo, no podemos dejar de ser optimistas y esperar que eventualmente las malas prácticas vayan disminuyendo y el sector se vuelva uno de los más confiables a todos los niveles.
Jaume Molet Pérez
Director General para Lamudi México
Twitter: @LamudiMX
Mail: [email protected]
Egresado de la Universidad Politécnica de Cataluña, en donde obtuvo el título de Ingeniero Industrial. Por más de 10 años, Jaume ha sido consultor de estrategia y operaciones en grandes firmas de nivel internacional como AT Kearney, desarrollando estrategias de negocio para las firmas en Alemania, Reino Unido, Arabia Saudita y México, en el mercado Latinoamericano.
