Esta semana habrá licitación para renovar infraestructura hidráulica y de drenaje en avenida Chapultepec
El gobierno de la Ciudad de México a cargo de la doctora Claudia Shienbaum Pardo está indispuesto a pagar una indemnización por 921 millones de pesos a una concesión a 40 años a consorcio Invex por el proyecto conceptual del Corredor Cultural Chapultepec, mismo que había sido cancelado desde 2015.
En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que actualmente existe un juicio que quedó abierto para la ciudad desde entonces en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en donde la Secretaría de Finanzas ya trabaja en un estimado para calcular dicha indemnización.
«Estamos retirando muchas concesiones que se dieron así, todas las concesiones de Cetrams y CCChapultepec tienen este artículo, es un contrato leonino donde el gobierno tiene que pagar toda la inversión que iban a hacer los privados.
«No vamos a pagar ni un centavo, el máximo valor de esto no asciende a más de 10 pesos y lo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias», declaró Sheinbaum Pardo, sobre este y otros proyectos similares.
En ese sentido, la jefa de gobierno adelantó que ya se está trabajando en un nuevo proyecto para transformar avenida Chapultepec en un corredor cultural y comercial destacado para la ciudad, desde avenida Sonora en la Condesa hasta Florencia.
Además dijo que esta semana se lanzará la convocatoria para la licitación de obras hidráulicas y de drenaje que ya tienen deterioro en esta vialidad, para en un mes arrancar con las primeras obras de rehabilitación.
«Es bienvenida toda la inversión que requiere la ciudad tanto en el caso de desarrollo inmobiliario, lo único que se pida es que se cumpla con la ley, hay autorizaciones de impacto ambiental que cumplen con la ley y que ya han sido liberados», apuntó.
En la conferencia estuvo presente Luz Elena González, secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, quien explicó que luego de la cancelación del proyecto conceptual de CCChapultepec, los concesionarios del plan «se voltearon» contra la Oficialía para exigir la indemnización de utilidades por una obra que no se ejecutó.
«En la concesión se pone que lo que el gobierno tendría que pagar por la cancelación es lo que haya invertido la empresa, más las utilidades futuras que se hayan realizado aunque no se hayan realizado la obra«, cuestionó.
