La creación de un fideicomiso no paraestatal no permite que se sigan las erogaciones para la obra
El gobierno federal perdió el control financiero y avance de obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), ya que de acuerdo con los ejercicios de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se pusieron de manifiesto diversas irregularidades en contrataciones públicas, integridad y transparencia de la obra.
Esto lo aseguró el diputado Rafael Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del NAICM, durante la presentación de un informe de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, debido a que no hay concordancia entre la obra y las cifras que se dieron a conocer.
Francisco Javier Vega, titular de la dirección de Análisis de la Fiscalización Superior de la UEC, explicó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) realizó 25 auditorías a la obra durante el periodo 2014-2016, de las que se determinaron recuperaciones por 567,151,200 pesos, de los que de 3.3 millones fueron operados y 567,147,900 pesos constituyen recuperaciones probables.
Asimismo, emitió 135 observaciones y en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2016 se detectaron 1,002 millones de pesos por aclarar.
Al presentar el informe ‘Fiscalización superior al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en la revisión de las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016’ señaló que 58,851 millones obtenidos por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), correspondientes al periodo, se han destinado a un fideicomiso no paraestatal, por lo que no existe instancia responsable de la consolidación, registro y seguimiento de las erogaciones.
“Los estudios, proyectos ejecutivos y obras iniciales contratadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con un costo de 735.9 millones de pesos, con cargo al patrimonio de un fideicomiso no paraestatal, permitió omitir el proceso de programación, presupuestación y rendición de cuentas del gasto público federal”, dijo Vega.
Además, el contrato adjudicado por ASA para la ‘Gerencia de Proyecto’ consideró salariaros por la contratista 1,366% más alto en relación con los tabuladores de fuentes consultadas y de los salarios de la zona de los trabajo.
“Se descubrió que en el contrato de servicios para las Bases de Concurso de los túneles de Chimalhuacán II y Churubusco-Xochiaca se pagaron en exceso 458.6 millones de pesos. No hay control del gobierno federal de las erogaciones realizadas que incluya lo pagado por otras entidades, como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o del Fondo Nacional de Infraestructura”.
Agregó que el esquema de financiamiento utilizado, en el que participan entidades paraestatales y fideicomisos privados, impide que los recursos que ingresan se reconozcan en la hacienda pública y las erogaciones realizadas se registran en la Cuenta Pública.
Tampoco es posible determinar el costo total del esquema de financiamiento; es decir, el capital del crédito, sus intereses, las comisiones y gastos asociados con el mismo, que se tendrá que pagar con recursos de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), ni se especifica el plazo por el que tendrían que ceder los recursos de la TUA para liquidar las disposiciones del crédito del esquema de financiamiento.
Vega consideró que tampoco se acreditó que el GACM tenga algún control que le permita conciliar las disposiciones de los créditos, los recursos pagados de la TUA y los flujos de estos recursos entre los participantes y los fideicomisos privados.
Tampoco se acreditó el desembolso de 2,707 millones de pesos provenientes de la TUA, ya que el esquema de financiamiento fue estructurado bajo el marco legal de derecho privado, lo que evitó que se registrara como deuda pública.
Asimismo, aunque el esquema de financiamiento utilizado permite al gobierno captar recursos para atender compromisos que no pueden ser cubiertos presupuestalmente, también origina que esa captación no se refleje como un pasivo, ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en las finanzas públicas.
En cuanto al contrato de obra pública ‘Losa de Cimentación del Edificio Terminal’, éste se adjudicó a la contratista con una propuesta 61.4% más cara respecto a la más baja, además de pagar 6.2 millones de pesos por sobrecostos.
En el informe se estima que existe ausencia de transparencia en el seguimiento de la adquisición de parcelas, pago de avalúos, gastos y honorarios notariales, así como en el reintegro en tiempo y forma de los recursos transferidos a la Sedatu y la Conagua, por un monto de 209.6 millones.
También se deben aclarar 389.6 millones de pesos por la construcción de la barda perimetral, obra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El diputado Federico Escobedo, del Partido Encuentro Social (PES) consideró necesario contar con un informe detallado del proyecto original, a fin de conocer los avances reales y todos los rubros en los que la obra se encuentra atrasada, ya que existe opacidad en el proyecto, se ignoran los montos de inversión pública, privada y de la Tarifa de Uso Aeroportuario.
El también secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público enfatizó en la necesidad de comparar los montos aprobados para la construcción de toda la obra y lo que realmente costará. “Son detalles que no se han precisado en forma puntual, lo ideal sería hacer un comparativo en qué es lo que se aprobó y lo que se ha hecho”.
La diputada María Guadalupe Alcántara Rojas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), solicitó datos más concretos y análisis serios, “porque lo que se emita al respecto pone en riesgo a los inversionistas mundiales”.
Ante esta situación, la Comisión Especial consideró que se debe aprovechar lo que resta de la administración para corregir todas las anomalías o incongruencias de la obra.
Hernández Soriano finalizó al decir que la Comisión que preside enviará cuestionamientos al auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, con el fin solicitar información precisa e integrarla en un documento final que presentarán ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
“Es relevante que el auditor informe si consideran suficientes los mecanismos legales y financieros utilizados para concluir el nuevo aeropuerto en los plazos establecidos”.
