Por Román Meyer Falcón*
El día de hoy, como cada primer lunes de octubre, celebramos el Día mundial del Hábitat y damos inicio a “Octubre Urbano», la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, desde 2014, promueve la realización de actividades y eventos de discusión en todo el mundo sobre los problemas más apremiantes en temas urbanos y de desarrollo sostenible. En ese sentido, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tenemos la obligación de unirnos al diálogo y poner sobre la mesa ideas y argumentos.
Este año, la ONU determinó que el tema principal del Día Mundial del Hábitat es el papel de las ciudades como impulsoras del crecimiento y la recuperación económica tras la pandemia. Igualmente, hizo un llamado a pensar en cómo crear economías urbanas resilientes y productivas, que permitan sortear crisis futuras de mejor manera y sostener las economías nacionales. Todo, desde luego, de acuerdo con criterios de sostenibilidad social y ambiental.
Así pues, cabe hacer una reflexión sobre cuáles son las condiciones de nuestros centros urbanos y qué cambios se requieren para que sean lugares sostenibles, ordenados, equitativos, justos y económicamente viables. Al respecto, y en primer lugar, debe subrayarse la necesidad de planear el desarrollo del territorio como nunca se ha hecho en el país.
Esto es fundamental porque la falta de planeación del crecimiento urbano derivó en ciudades dispersas y fragmentadas+ donde una parte menor de la población tiene una situación socioeconómica favorable. Por el contrario, la mayoría de la gente vive en zonas lejos de sus centros de trabajo, donde faltan centros de salud, educativos y de recreación, donde las alternativas de movilidad no son seguras ni eficientes, donde mucha gente no tiene viviendas adecuadas, donde el acceso al agua es problemático y, donde, además, suele haber altos índices de inseguridad y riesgos por sequías, inundaciones o deslaves.
En pocas palabras, nuestras ciudades no están bien preparadas para el futuro y si no corregimos el rumbo, los costos incrementarán de manera exponencial. De acuerdo con un estudio de la Coalición por la Transformación Urbana en México publicado en 2021[1] —que buscó estimar los costos económicos asociados con la expansión urbana en México—, cada año, los gastos que hacen los gobiernos para proveer los servicios urbanos básicos sumados a los costos del transporte y movilidad de las familias representan más de 1% del Producto Interno Bruto del país.
Más aún, la investigación señala que si nuestras ciudades siguen funcionando como lo hacen ahora, hacia el año 2050, los gobiernos tendrán que aumentar su presupuesto municipal entre 48% y 244% si quieren mantener el mismo nivel de inversión por vivienda en servicios urbanos que tienen ahora.
Partiendo de estos datos contundentes, que dan cuenta de la urgencia de cambiar nuestro modelo de desarrollo urbano, regreso a la necesidad de poner al frente la planeación integral del territorio. En esa línea, destaca que en este sexenio la Secretaría a mi cargo ha impulsado la actualización y creación de instrumentos de planeación: la meta es terminar la administración con más de 350 nuevos planes y programas, y que 9 de cada 10 sean del ámbito municipal, donde constitucionalmente se determinan los usos de suelo.
No obstante, si bien la planeación es indispensable, en aras de lograr que nuestras ciudades sean productivas y, a la vez, sostenibles, resulta también fundamental aumentar sus fuentes de ingresos; porque, a pesar de las mejoras en términos de planeación —e incluso considerando que en los próximos años los avances sean mayores—, la implementación y los resultados estipulados en los instrumentos normativos sucederán en el corto, mediano y largo plazos.
De esa manera, el aumento en los costos relacionados con el desorden actual quizás disminuya, pero no queda duda de que seguirá creciendo. Por consiguiente, si hablamos de ordenar el territorio no podemos dejar de lado la discusión de cómo aumentar la recaudación local.
En relación con ello, la Sedatu ha llevado a cabo algunas acciones prometedoras. Brevemente, menciono la ejecución del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, mediante el cual, de 2019 a la fecha, hemos invertido 413 millones de pesos en 21 estados y 5 municipios. Gracias a ello, la recaudación del impuesto predial aumentó 5.98% cada año y la recaudación por concepto de derechos en 5.33%, y, en total, los ingresos extras obtenidos fueron mayores a 3,700 millones de pesos.
Esto desde luego es sólo un tema menor si se compara con la magnitud del problema, pero quizás sirva para detonar otras discusiones. Por lo pronto, dejo aquí la reflexión, reafirmando la importancia de la planeación para el desarrollo social y económico e invitando a seguir el debate.
*Román Meyer Falcón
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu)
[1] Zubicaray, G., Ramírez Reyes, L., Berumen, A., Mackres, E., Bosch, A., Brito, M., García, N. y Macías, J. (2021). El costo de la expansión urbana en México. Londres y Washington DC: Coalition for Urban Transitions. Disponible en: https://urbantransitions.global/publications/
