La reforma a la Ley Antilavado incorpora nuevas obligaciones en materia de identificación de clientes, trazabilidad y sistemas automatizados
Los desarrolladores de vivienda en México enfrentarán mayores exigencias de cumplimiento y supervisión derivadas de la reforma a la denominada Ley Antilavado y sus disposiciones secundarias, que incorporan nuevas obligaciones para las actividades consideradas vulnerables.
Durante el 6° Foro Financiero de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Fausto Bañuelos, especialista de NEXUM SAU en derecho preventivo y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), señaló que las modificaciones representan prácticamente un nuevo marco normativo para el sector.
De acuerdo con el especialista, tras las modificaciones realizadas a la Ley Antilavado, su reglamento y las reglas de carácter general, existen ya más de 150 obligaciones específicas que deberán ser atendidas por los sujetos obligados.
“Este año será un parteaguas en la industria de la vivienda, sobre todo porque van a enfrentarse a nuevas obligaciones y tendrán que cumplirlas de una forma en la que no están realmente acostumbrados”, señaló.
Bañuelos explicó que el objetivo del régimen es preventivo y busca evitar que las empresas que realizan actividades vulnerables sean utilizadas para encubrir u ocultar recursos de procedencia ilícita.
En este sentido, aclaró que los desarrolladores no deben asumir funciones de investigación, sino cumplir con una serie de obligaciones principalmente documentales e informativas y conservar evidencia de ello.
Desarrolladores deberán reforzar identificación de clientes
Entre las principales obligaciones derivadas de la reforma a la Ley Antilavado se encuentra identificar y conocer al cliente, obtener información sobre el beneficiario controlador e integrar un expediente único de identificación.
Además, la información y documentación relacionada con estas operaciones deberá conservarse durante 10 años, frente a los cinco años establecidos anteriormente.
Para el especialista, la participación de las empresas tampoco puede limitarse a enviar los avisos correspondientes a las autoridades, pues el cumplimiento involucra a las diferentes áreas de la organización.
En el caso de los desarrolladores, explicó, el proceso debe comenzar desde la venta, debido a que los asesores son quienes mantienen el primer contacto con el cliente y recaban la documentación necesaria para integrar los expedientes.
Asimismo, señaló que en operaciones de compraventa de vivienda la actividad es considerada vulnerable independientemente del monto, por lo que siempre existe la obligación de identificar al cliente e integrar el expediente correspondiente; el envío del aviso, en cambio, depende del umbral aplicable.
Empresas deberán evaluar su nivel de riesgo
Otro de los cambios relevantes será la adopción de un enfoque basado en riesgos, mediante el cual las empresas deberán analizar el nivel de exposición que enfrentan y establecer medidas para reducirlo.
Este análisis también deberá considerar el riesgo particular asociado con las operaciones y actualizarse periódicamente.
“Tienes que analizar tu riesgo como entidad a la que estás expuesta y hacer cosas para disminuirlo. Y luego tienes que crear una metodología para actualizar el riesgo particular que te genera cada operación”, explicó Bañuelos.
A ello se suma la obligación de contar con un manual de políticas internas acorde con las características, procedimientos y riesgos específicos de cada empresa.
Bañuelos advirtió que utilizar documentos genéricos o copiar manuales elaborados para otras organizaciones no permitirá cumplir adecuadamente con las disposiciones.
“El manual de cumplimiento tiene que ser un traje hecho a la medida de cada entidad”, afirmó.
Sistemas automatizados serán obligatorios
Uno de los principales retos para los desarrolladores será la incorporación de sistemas automatizados para el cumplimiento de las obligaciones antilavado.
De acuerdo con Bañuelos, estos sistemas deberán estar implementados a más tardar el 1 de junio de 2027, aunque recomendó a las empresas comenzar su instrumentación con anticipación para contar con un periodo de adaptación.
La herramienta deberá ir más allá del almacenamiento de documentos. El especialista explicó que deberá incorporar la metodología de evaluación de riesgos y utilizar la información disponible como un elemento activo para la toma de decisiones.
“El objetivo no es almacenar información. Realmente tiene que convertirse en materia activa de decisiones”, indicó.
Además, los desarrolladores deberán prepararse para la realización de auditorías anuales en materia de prevención de lavado de dinero, cuya aplicación, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, comenzará a partir de 2028.
Aumentará supervisión sobre actividades vulnerables
Bañuelos también llamó a las empresas a prepararse para un escenario de mayor vigilancia por parte de las autoridades, particularmente mediante visitas de verificación.
El especialista aseguró que la supervisión sobre las actividades no financieras se ha intensificado y consideró que las empresas deben asumir que eventualmente serán revisadas.
“La pregunta no es si me van a verificar, la pregunta es cuándo”, advirtió.
Por ello, recomendó que las áreas jurídicas, contables, comerciales y de cumplimiento trabajen de manera coordinada, ya que las obligaciones no corresponden exclusivamente a un área especializada, sino que involucran diferentes etapas de la relación con el cliente.
Finalmente, Bañuelos señaló que el aumento de las obligaciones regulatorias debe asumirse como un cambio permanente para la industria inmobiliaria.
“El tren ya llegó, el tren es el de la regulación, ya está aquí […] Esto va a ser algo de todos los días y lo vamos a estar haciendo todos los años. No va a bajar la regulación, no van a quitar obligaciones”, concluyó.
