Especialistas de la UNAM advirtieron que la crisis institucional de los organismos multilaterales obstaculiza el combate al cambio climático
La falta de consensos internacionales y el incumplimiento de los compromisos ambientales continúan frenando el avance de la acción climática global, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes coincidieron en que las políticas públicas deben respaldarse en el conocimiento científico para responder de manera efectiva a los retos ambientales.
Durante la jornada Diálogos sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), Enrique Provencio Durazo, señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) atraviesa una crisis institucional que ha limitado su capacidad para construir acuerdos internacionales en materia ambiental.
El académico recordó que el organismo internacional tuvo una etapa en la que logró impulsar alianzas y mecanismos de cooperación que derivaron en acuerdos históricos, como la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono. Sin embargo, consideró que esa capacidad de negociación se ha debilitado en los últimos años.
Como ejemplo, mencionó el proceso para elaborar un tratado internacional contra la contaminación por plásticos, iniciado en 2022, cuyo avance quedó estancado después de que las negociaciones no lograran el consenso necesario entre los países participantes.
Provencio Durazo también advirtió que las metas planteadas en el Acuerdo de París difícilmente se cumplirán, ya que las proyecciones apuntan a un incremento de la temperatura global de hasta 2.3 grados centígrados.
No obstante, reconoció que algunos países han logrado desacelerar el crecimiento de sus emisiones de dióxido de carbono gracias a la incorporación de energías renovables, mejoras en eficiencia energética y procesos de transformación tecnológica.
Ciencia y políticas públicas deben avanzar juntas
Por su parte, la coordinadora del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM, Marisol Anglés Hernández, consideró que uno de los principales desafíos consiste en fortalecer el vínculo entre la investigación científica y la toma de decisiones públicas.
La especialista afirmó que las universidades tienen la responsabilidad de construir un diálogo entre distintas disciplinas para que el conocimiento generado contribuya al diseño de leyes, políticas públicas y estrategias ambientales con mayor sustento técnico.
Asimismo, advirtió que persisten contradicciones entre algunos objetivos climáticos y las políticas energéticas, lo que dificulta consolidar una ruta efectiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
“La política climática no puede orientarse a disminuir gases de efecto invernadero mientras la política energética continúa privilegiando la extracción de combustibles fósiles y técnicas como la fracturación hidráulica”, señaló.
Agregó que muchas de las acciones implementadas responden a objetivos de corto plazo y carecen de una base científica sólida, situación que limita su impacto frente a los desafíos ambientales actuales.
Gobernar, no solo resolver, la crisis ambiental
En tanto, el investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, Luis Bojórquez Tapia, explicó que los problemas ambientales deben entenderse como transformaciones complejas de los sistemas naturales y sociales, por lo que requieren estrategias de gobernanza más que soluciones definitivas.
En ese sentido, sostuvo que las universidades tienen un papel central para impulsar el análisis de las reformas ambientales y fortalecer los mecanismos de protección jurídica del medio ambiente.
“Los problemas complejos de gran magnitud no se resuelven, se gobiernan. Se trata de conducir el sistema socioambiental a una condición mejor que la que teníamos”, concluyó el investigador.
