La Ley de Rentas Justas plantea limitar los aumentos de renta a la inflación, crear una Defensoría Inquilinaria y establecer mecanismos para prevenir desalojos violentos en la CDMX
La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México busca establecer nuevas reglas para los contratos de arrendamiento, limitar los aumentos de renta y proteger los derechos de propietarios e inquilinos. La propuesta también contempla mecanismos de acompañamiento social ante desalojos y medidas para ampliar la oferta de vivienda asequible.
Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, explicó que la iniciativa responde al encarecimiento de la vivienda y al desplazamiento de familias de sus colonias de origen. En este contexto, señaló que casi 30% de las familias capitalinas renta una vivienda y que, durante los últimos 15 años, la cantidad de personas que recurren a esta modalidad aumentó 54 por ciento.
Además, indicó que las rentas en las alcaldías centrales se han multiplicado por cinco durante los últimos 20 años y que algunas familias destinan hasta 40% de sus ingresos mensuales al pago de vivienda.
“Nosotros defendemos que las ciudades son de quienes las habitan, no sólo de quienes pueden pagarlas. Frente a la especulación, derecho a la vivienda, y frente a la expulsión, derecho al arraigo”, expresó Brugada.
¿Qué propone la Ley de Rentas Justas?
La iniciativa contempla siete puntos estratégicos para regular las relaciones entre arrendadores e inquilinos. Entre las principales medidas destaca establecer que los incrementos anuales de renta no superen la inflación del año anterior, con instrumentos jurídicos y sanciones para quienes incumplan esta disposición.
Asimismo, propone una Carta de Derechos y Obligaciones para definir las condiciones del arrendamiento. Entre sus alcances se encuentra limitar los requisitos para rentar una vivienda a una sola garantía, evitar la exigencia de avales múltiples y pólizas jurídicas excesivas, prohibir la discriminación y establecer obligaciones claras para ambas partes.
Otro de los ejes consiste en crear una Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecería orientación, asesoría, mediación, conciliación y defensa jurídica gratuita. Con este mecanismo, la propuesta busca atender los conflictos entre propietarios e inquilinos y ofrecer alternativas para resolverlos sin recurrir necesariamente a procesos judiciales.
En materia contractual, la iniciativa plantea establecer una duración mínima de un año para los contratos de arrendamiento y crear un registro digital protegido que permita dar seguimiento a los acuerdos. También contempla sanciones ante incrementos de renta que incumplan la normativa y daños al inmueble.
Vivienda asequible y acompañamiento ante desalojos
La propuesta también busca ampliar la oferta de vivienda social y asequible mediante la participación de la iniciativa privada. Para ello, contempla apoyos a propietarios que celebren contratos de arrendamiento multianuales.
En cuanto a los desalojos, el proyecto plantea crear un Gabinete de Acompañamiento Social para atender a las familias que enfrenten resoluciones judiciales de desocupación. Este órgano buscaría alternativas habitacionales, canalizaría a las personas afectadas a programas sociales y ofrecería apoyo para el pago de renta, sin intervenir en las decisiones de los jueces.
César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, explicó que el mecanismo busca proteger los derechos humanos de las familias durante las diligencias de desocupación y evitar que enfrenten situaciones de violencia o queden sin un lugar donde pasar la noche.
Como parte de estas medidas, la iniciativa propone capacitar en derechos humanos al personal encargado de las mudanzas y del resguardo de pertenencias. También contempla apoyo para almacenar los enseres de personas en situación de vulnerabilidad, a fin de evitar que terminen en la vía pública.
El objetivo, de acuerdo con el funcionario, consiste en prevenir los desalojos violentos y garantizar que las diligencias se desarrollen de manera pacífica, sin desconocer las resoluciones judiciales.
Ley de Rentas Justas no congelará los precios
Brugada sostuvo que la iniciativa no busca eliminar el derecho de los propietarios sobre sus inmuebles, sino establecer reglas para las relaciones de arrendamiento y evitar abusos.
“Nuestro gobierno garantizará y protegerá el derecho a la propiedad privada. Defendemos el patrimonio de los propietarios. Cuando no tienen argumentos, fabrican fantasmas; parece que la oposición se pone del lado de la gentrificación”, afirmó.
Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, aclaró que la propuesta no contempla congelar las rentas ni establecer un precio único para los inmuebles. En cambio, busca fijar reglas para los incrementos y establecer mecanismos que permitan vigilar su cumplimiento.
Para ello, la iniciativa incorpora sanciones específicas, un registro digital de contratos y servicios gratuitos de orientación, asesoría, mediación y conciliación.
Muñoz Santini señaló que alrededor de 2 millones de personas viven en viviendas rentadas en la Ciudad de México y que existen más de 813,000 viviendas destinadas al arrendamiento, de acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario a partir de la Encuesta Intercensal 2025. Además, indicó que las rentas se ubican entre 16,600 y 24,000 pesos en promedio, según la zona y el tipo de vivienda.
Ante este panorama, el Gobierno capitalino mantiene la meta de realizar 200,000 acciones de vivienda hacia 2030. De ese total, 80,000 corresponderían a viviendas nuevas y 120,000 a procesos de mejoramiento integral en barrios populares.
