HIC planteó que los desalojos forzosos pueden prevenirse mediante políticas públicas, herramientas jurídicas y mecanismos de acceso a la justicia
La prevención de los desalojos forzosos requiere fortalecer los mecanismos jurídicos y las políticas públicas que protegen la permanencia de las personas en sus viviendas, planteó la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) en su declaración con motivo del Día Mundial del Hábitat 2026.
Bajo el lema ‘Hogares seguros, derechos garantizados: un llamado a la acción contra los desalojos forzoso’”, la organización señaló que millones de personas continúan perdiendo sus hogares y territorios. Ante este escenario, destacó que la seguridad de la tenencia, una vivienda asequible y digna y el acceso al empoderamiento económico forman parte de las condiciones necesarias para garantizar el derecho al hábitat.
En este sentido, HIC sostuvo que los desalojos forzosos no deben considerarse una consecuencia inevitable de la urbanización o de las crisis climáticas.
“La prevención es posible. Los desalojos forzosos no son inevitables, son el resultado de decisiones políticas que pueden modificarse”, señaló.
Factores que impulsan los desalojos
La Coalición identificó tres factores relacionados con la problemática: la financiarización de la vivienda, el desplazamiento climático y las desigualdades estructurales.
De acuerdo con HIC, los modelos económicos que priorizan el beneficio sobre la equidad social pueden generar mercados especulativos que dificultan el acceso a la vivienda. Asimismo, las respuestas inadecuadas frente a los desafíos ambientales pueden incrementar la vulnerabilidad cuando desplazan a las poblaciones en lugar de protegerlas.
A estos factores se suman protecciones jurídicas insuficientes. La organización advirtió que no todos los desalojos legalmente sancionados cumplen con las normas de derechos humanos y señaló que la falta de regulación de algunos actores privados puede contribuir al desplazamiento de familias de sus hogares y territorios.
Herramientas para prevenir la pérdida de vivienda
Frente a este escenario, HIC planteó fortalecer y articular leyes, instrumentos jurídicos y políticas públicas de protección del hábitat.
“Muchos de estos desalojos pueden prevenirse mediante la aplicación y articulación de leyes, instrumentos jurídicos y políticas públicas de protección del hábitat”, sostuvo la organización.
Entre las herramientas que propone se encuentran la protección del hogar familiar; la regularización y prescripción administrativa de inmuebles en favor de sus habitantes; el reconocimiento del derecho de compra, preferencia o adquisición ante situaciones de remate; el acompañamiento estatal de los procesos de usucapión y regularización dominial, así como la regulación y protección de los alquileres.
La intervención pública también puede atender riesgos físicos que amenacen la permanencia de las familias, como instalaciones deficientes, problemas estructurales, condiciones de inhabitabilidad o afectaciones ambientales.
Según HIC, estas medidas permiten “actuar antes de que se produzca la pérdida de la vivienda” y generar alternativas que prioricen “la permanencia, la seguridad jurídica y el derecho al hábitat”.
Mediación y acceso a la justicia
La organización planteó complementar estas políticas con asesorías legales y equipos interdisciplinarios para atender conflictos habitacionales, así como con mecanismos de mediación y negociación entre las partes.
También propuso centros barriales de acceso a la justicia y asistencia jurídica para resolver situaciones sucesorias y sucesiones indivisas. A ello se pueden sumar créditos o subsidios para cubrir los costos de regularización dominial, trámites sucesorios o adquisición de los inmuebles ocupados por las familias.
HIC señaló que la responsabilidad de prevenir los desalojos forzosos corresponde a distintos actores. Los Estados deben salvaguardar el derecho a la vivienda, aplicar regulaciones y garantizar el acceso a la justicia, mientras que los actores privados, incluidos desarrolladores inmobiliarios e instituciones financieras, deben evitar que sus actividades contribuyan al desplazamiento.
En este proceso, la Coalición también destacó la participación de las comunidades afectadas, al señalar que “no son únicamente víctimas: aportan perspectivas, conocimientos y experiencia invaluables”.
Con motivo del Día Mundial del Hábitat 2026, HIC plantea así una estrategia centrada en la prevención, mediante herramientas jurídicas, políticas públicas y mecanismos de acceso a la justicia que permitan proteger la permanencia de las personas en sus viviendas.
