La medida estará vigente hasta 2030 y establece restricciones para determinadas entidades inmobiliarias y grandes tenedores, con excepciones para operaciones destinadas a vivienda asequible y otros usos sociales
Las nuevas disposiciones regulan el alquiler temporal y por habitaciones, limitan la actualización de rentas y establecen un nuevo esquema de continuidad para los contratos de vivienda habitual