La Ley establece que los propietarios de cualquier bien inmueble perderían los derechos si éste se ha visto involucrado en delitos o es utilizado para cometerlos
El 9 de agosto de 2019 se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que surgió tras la abolición de la Ley Federal de Extinción de Dominio. Ahora la Ley es nacional y no sólo estará sujeta a las leyes de extinción de dominio de las Entidades Federativas.
Dado el nivel de inseguridad y corrupción que actualmente se vive en el país, esta medida ayudará a las autoridades tener un mayor filtro para el cuidado del patrimonio de todos los ciudadanos y más argumentos para la prevención del delito. Sin embargo, ha generado incertidumbre en los propietarios de inmuebles, debido a confusiones en su interpretación y por el temor de perder su patrimonio a causa de dicha legislación.
La Ley establece que los propietarios de cualquier inmueble perderían los derechos si éste se ha visto involucrado en delitos, es utilizado para cometerlos, ocultar otros bienes de origen ilícito o que estos bienes provengan de la comisión de un delito y no se pueda acreditar la procedencia legal del mismo.
Los ilícitos contemplados por esta licitación incluyen los cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, robo de hidrocarburos, corrupción, delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, trata de personas, encubrimiento, lavado de dinero y extorsión. En caso de que se encuentren o realicen estos hechos ilícitos en el inmueble, el Estado puede asegurarlo o venderlo hasta 6 meses antes de que se integre la carpeta de investigación o se determine la responsabilidad penal del propietario.
En el caso de aquellos que ponen un bien inmueble en arrendamiento, la inmobiliaria Homie considera que la única medida de prevención para los propietarios es conocer a profundidad en manos de quien dejan su patrimonio.
Antes de rentar un inmueble, la inmobiliaria realiza una investigación detallada del perfil de los candidatos, que incluye el perfil socioeconómico, perfil académico, demandas en contra de cualquier tipo, revisión de listas negras, si es una persona políticamente expuesta, capacidad de pago, buró de crédito y muchas más.
“Para evitar este tipo de escenarios, recomendamos conocer lo más que se pueda a tu inquilino, este punto es primordial para no ser víctima de la nueva legislación. Reconocer y tener certeza de quién habita tu patrimonio es esencial para la seguridad de cada arrendador. Contar con el respaldo de empresas serias que en todo momento den seguimiento y protección jurídica a los propietarios, además de una investigación adecuada, es el complemento ideal”, señalan expertos de Homie.
