Por Fidel García Granados
La influencia humana en el clima es clara. Éste es el mensaje central del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas en su más reciente informe de evaluación.
Las proyecciones del IPCC indican que, en las ciudades, el cambio climático hará que aumenten los riesgos para las personas, las economías y los ecosistemas, incluidos aquellos derivados del estrés térmico, las tormentas extremas, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, la contaminación del aire, las sequías y la escasez de agua. Los riesgos se agravarían en áreas que carecen de servicios esenciales y en las zonas de riesgo.
Para combatir al cambio climático, el principal instrumento global es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Río de Janeiro en junio de 1992; en ella, se autorizó a la Conferencia de las Partes (COP) –que es el órgano supremo de esa convención y que habitualmente sesiona cada año– a tomar las decisiones necesarias para garantizar su cumplimiento, incluyendo la adopción de instrumentos obligatorios, como el Protocolo de Kioto, surgido de la COP-3, y el Acuerdo de París, tomado en diciembre pasado, en la COP-21, y que entró en vigencia el 4 de noviembre pasado.
En el combate al cambio climático, las ciudades desempeñan un papel clave, ya que una buena parte de las áreas de acción están a cargo de sus gobiernos, como el ordenamiento sustentable del territorio. En el Acuerdo de París, se tomó un compromiso concreto para conservar los bosques, que sirven como sumideros de carbono, los cuales se encuentran presionados por el crecimiento de las zonas urbanas; ello tendría que impulsar a la consolidación de los centros de población como una política prioritaria en materia de cambio climático.
Los gobiernos de las ciudades suelen también tener a cargo la prestación de servicios esenciales como el suministro de agua potable, el alumbrado público, la gestión de los residuos y el transporte público. Al respecto, en el citado informe del IPCC se destacan los resultados positivos producidos mediante las políticas y normas de eficiencia energética.
Para lo anterior, la actualización reglamentaria y la implementación de políticas públicas integrales con perspectiva de sustentabilidad, pueden no sólo resultar eficaces desde el punto de vista ambiental, sino también generar beneficios colaterales. El IPCC destaca, por ejemplo, que el aprovechamiento de fuentes energéticas limpias reduce la emisión de contaminantes que afectan a la salud, que la reducción en el consumo de energía y agua genera ahorros financieros y que la protección a los ecosistemas naturales favorece la recarga de los mantos acuíferos.
Así, el Acuerdo de París consolida a las ciudades como actores fundamentales en el combate al cambio climático, habida cuenta que son las que con mayor efectividad pueden involucrar a las comunidades locales, sus hogares y negocios.
Mtro. Fidel García Granados. Trabaja en ZSK ABOGADOS
Twitter: @figargra
