En México existen 15 millones de personas con alguna capacidad diferente
Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al encabezar los «Diálogos por el Derecho a la Ciudad» dijo que el objetivo es conversar con organizaciones de la sociedad civil sobre políticas públicas y para consultar sus necesidades y experiencias en la planeación de metrópolis incluyentes, seguras y sustentables, donde dicho compromiso incluya que desarrolladores construyan con visión de futuro, así como que los subsidios y financiamientos a vivienda implementados contemplen espacios accesibles.
Robles Berlanga se comprometió ante representantes de la sociedad civil, a construir un plan nacional de accesibilidad que propicie políticas públicas en la planeación de metrópolis incluyentes, seguras, resilientes y sustentables, al tiempo que señaló que para cumplir este compromiso, incluso podría darse una reforma constitucional, a fin que los municipios participen como primera instancia en la transformación de las ciudades en espacios incluyentes.
En este primer encuentro se abordaron problemáticas de personas con discapacidad, pero se prevé que estos espacios de diálogo se extenderán a la sociedad civil involucrada en la construcción y planeación de ciudades, donde se escucharán planteamientos, sugerencias y experiencias
Señaló que este Plan de Accesibilidad vigilará e incentivará que los desarrolladores construyan vivienda que atienda a personas con edad avanzada o discapacidad; y que los subsidios y financiamiento en el sector de desarrolladores de vivienda, premien a quienes faciliten la movilidad y la accesibilidad.
Robles admitió que hacen falta reformas legales y dijo que no se descartaría una actualización al Artículo 115 Constitucional que refiere las facultades de los municipios, a fin de incorporarlos al trabajo de planeación y a la construcción de espacios incluyentes, accesibles y ordenados.
Por su parte, los representantes de las organizaciones civiles pidieron que la inclusión y la accesibilidad se vean desde el Gobierno Federal, con una visión transversal, porque si no hay accesibilidad, no se puede ejercer ningún otro derecho, como la educación, la salud, la cultura señaló en su oportunidad Tayde Buenfil, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
En tanto que la periodista y activista Katia D’Artigues recordó que el acceso no sólo contempla una infraestructura física, sino también a la información y, por supuesto, la educación y concientización de nuestra sociedad y recordó que algún día la sociedad se volverá vieja y con necesidades de accesibilidad.
D’Artigues quién pertenece a la organización Comunicación para la Inclusión, dijo que existen recomendaciones universales de la ONU y, tomando en cuenta que los presupuestos del gobierno son cada vez menores existe la posibilidad de empezar a trabajar con compromisos y con fechas límites que den parámetros de avance y ejemplificó que lo ideal es hacer vivienda nueva donde se construya un baño en planta baja, o instalar barras o rampas, lo que hará la diferencia en la calidad de vida de las personas que tienen alguna discapacidad
Laura Bermejo de la Asociación de Libre Acceso refirió que el gobierno federal requiere construir rutas accesibles para que los ciudadanos puedan llegar a las oficinas de los secretarios de estado o funcionarios públicos responsables de los programas sociales y recordó que en México, de acuerdo a las organizaciones civiles, existen 15 millones de personas con alguna discapacidad física o intelectual.
Rosario Robles asumió el reto que implica trabajar en el plan de accesibilidad en la parte que le compete, con la construcción de vivienda y el rescate de los espacios públicos. Dijo: así como vamos a premiar el acceso a los subsidios de los cuartos adicionales, también habrá incentivos a los desarrolladores que construyan vivienda y su entorno con accesibilidad.
El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, en su intervención, dijo que el intercambio de experiencias con los académicos, con las organizaciones sociales y con los organismos de vivienda, permite ahondar en la visión transversal de atender las necesidades los ciudadanos para que ejerzan a plenitud su derecho a la ciudad.
