Las movilizaciones en Lisboa y Oporto exigen medidas para frenar el encarecimiento de la vivienda en Portugal, mientras el gobierno impulsa cambios al mercado de alquiler
La crisis de acceso a la vivienda en Portugal ha generado nuevas movilizaciones en Lisboa y Oporto, donde manifestantes instalaron tiendas de campaña para exigir medidas que frenen el encarecimiento de las rentas y garanticen el acceso a un hogar. Las protestas también cuestionan los cambios que el gobierno impulsa en el mercado de alquiler, particularmente los relacionados con los procedimientos de desalojo.
Con mensajes como “La vivienda es un derecho, no un lujo” y “Quiero un lugar donde vivir”, los participantes visibilizan las dificultades que enfrentan para encontrar una vivienda asequible. La movilización ocurre mientras el gobierno portugués promueve una reforma para aumentar la oferta de inmuebles en renta y modificar las condiciones de los contratos entre propietarios e inquilinos.
Reforma busca ampliar la oferta de vivienda en alquiler
El 9 de julio de 2026, el Consejo de Ministros de Portugal aprobó una propuesta para reformar el régimen de arrendamiento urbano. La iniciativa forma parte de la estrategia Construir Portugal, con la que el gobierno busca incrementar la disponibilidad de viviendas, incentivar a los propietarios a poner inmuebles en renta y facilitar el acceso habitacional.
Entre los principales cambios, la propuesta contempla eliminar las restricciones a la actualización de las rentas cuando inicia un nuevo contrato, flexibilizar las condiciones para solicitar depósitos y pagos anticipados, así como simplificar las comunicaciones entre arrendadores e inquilinos.
Además, el gobierno plantea agilizar los procedimientos para recuperar inmuebles cuando exista una resolución judicial de desalojo. Esta medida forma parte de los cambios que generan preocupación entre los manifestantes, quienes demandan mayor protección para las personas que enfrentan dificultades para mantener su vivienda.
La propuesta también contempla medidas de protección para los grupos vulnerables y la creación de un Fondo de Emergencia para la Vivienda, destinado a apoyar a personas y familias que pierdan su hogar por dificultades económicas o situaciones de violencia doméstica. El mecanismo prevé recursos para cubrir gastos de alojamiento o realojamiento temporal o permanente.
De acuerdo con el registro de la Asamblea de la República, la Propuesta de Ley 103/XVII/1 ingresó al Parlamento el 12 de agosto de 2026 y obtuvo su admisión el 1 de septiembre. Posteriormente, el pleno la aprobó en lo general el 30 de septiembre y la turnó a la comisión parlamentaria competente para continuar su análisis en lo particular.
De esta manera, el debate sobre el acceso a la vivienda en Portugal se desarrolla en dos frentes: por un lado, las movilizaciones que exigen medidas ante el encarecimiento de las rentas y, por otro, la discusión legislativa sobre los mecanismos que podrían modificar las condiciones del mercado de alquiler.
