La iniciativa del gobierno capitalino busca limitar los aumentos en las rentas, regular los contratos y establecer sanciones por incumplimiento
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa para expedir la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, con la que busca establecer nuevas reglas para el mercado de alquiler habitacional y fortalecer los derechos de propietarios e inquilinos.
La propuesta contempla reformas al Código Civil, la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, nuevas obligaciones para quienes rentan inmuebles y mecanismos de acompañamiento ante procedimientos de desalojo.
Entre sus principales disposiciones destaca el establecimiento de un límite a los incrementos anuales de las rentas, que no podrán superar la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), incluso cuando cambie la persona arrendataria.
La iniciativa señala que esta medida no implica congelar los alquileres, sino establecer un parámetro para su actualización anual. Asimismo, retoma el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró constitucional el límite a los aumentos de renta establecido en la legislación capitalina.
¿Qué cambiaría para propietarios e inquilinos?
La propuesta establece que los contratos de arrendamiento habitacional deberán tener una duración mínima de un año y contempla mecanismos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos entre ambas partes.
Entre las disposiciones planteadas se encuentran nuevas obligaciones para las personas arrendadoras, como entregar una copia original del contrato, proporcionar recibos de pago, mantener los inmuebles en condiciones adecuadas y contar con un programa anual de reparaciones y mantenimiento.
Además, se propone prohibir que los propietarios trasladen a los inquilinos los gastos relacionados con la contratación de intermediarios inmobiliarios, investigaciones de historial crediticio, pólizas jurídicas y otros costos asociados a la formalización del arrendamiento.
La iniciativa también busca limitar las garantías de cumplimiento exigidas a los arrendatarios y establecer condiciones para la devolución de los depósitos al finalizar los contratos.
Por otro lado, plantea prohibir prácticas discriminatorias para acceder a una vivienda en renta, incluidas aquellas relacionadas con la edad, condición social, situación migratoria, estado civil o convivencia con menores de edad y animales de compañía.
En cuanto a los propietarios, se reconoce su derecho a recibir puntualmente la renta, obtener indemnizaciones por daños atribuibles a los inquilinos y solicitar autorización para aplicar incrementos superiores a la inflación cuando acrediten mejoras sustantivas al inmueble.
Proponen registro digital y sanciones por incumplimiento
Otro de los componentes de la iniciativa es la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento habitacional, que estaría a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública.
De aprobarse, las personas arrendadoras tendrían que registrar sus contratos dentro de los 30 días posteriores a su celebración, proporcionando información sobre las partes involucradas, ubicación y superficie del inmueble, precio de la renta, depósito, garantía y plazo.
El proyecto establece que la información contenida en este registro no podrá hacerse pública, salvo por resolución judicial, y deberá sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
También contempla sanciones administrativas por incumplimiento. Los propietarios que apliquen aumentos a las rentas superiores a los permitidos podrían recibir multas de entre 100 y 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En tanto, la omisión de registrar los contratos y entregar la constancia correspondiente podría sancionarse con multas equivalentes a entre uno y tres meses de renta.
La propuesta también establece sanciones para los inquilinos que utilicen los inmuebles con fines distintos a los acordados o realicen modificaciones sin autorización del propietario.
Defensoría y acompañamiento ante desalojos
Para atender controversias entre propietarios e inquilinos, la iniciativa propone crear la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social de la Ciudad de México.
Esta instancia ofrecería orientación, asesoría jurídica, mediación y conciliación gratuitas, además de verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con los incrementos de renta y aplicar las sanciones correspondientes.
Asimismo, se contempla la creación de un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, integrado por distintas dependencias capitalinas, cuyo propósito sería coordinar acciones de protección y asistencia para las personas afectadas por estos procedimientos.
Entre sus atribuciones estaría identificar situaciones de vulnerabilidad y facilitar el acceso a programas sociales o alternativas habitacionales temporales, sin intervenir en las resoluciones de las autoridades judiciales.
La propuesta también plantea ampliar los programas de vivienda pública en arrendamiento y fomentar la participación de los sectores social y privado en la producción de vivienda asequible.
De acuerdo con el documento presentado por Brugada, estas medidas buscan atender el encarecimiento de las rentas, promover el arraigo vecinal y enfrentar los procesos de desplazamiento asociados a la gentrificación.
La iniciativa deberá ser analizada por el Congreso de la Ciudad de México. En caso de aprobarse y publicarse, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación y establecería plazos de hasta 90 días para implementar diversos instrumentos, entre ellos el registro digital y la Defensoría.
