La iniciativa de Clara Brugada plantea que el precio de las rentas no puedan aumentar anualmente por encima de la inflación reportada por el INEGI
La discusión sobre la iniciativa para poner un tope al alza de las rentas en la Ciudad de México se aplazará hasta septiembre, luego de que la Mesa Directiva del Congreso capitalino turnó la propuesta a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Vivienda para su análisis.
La reforma, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca modificar el artículo 9 de la Constitución Política de la CDMX para establecer que, en los contratos de arrendamiento de inmuebles de uso habitacional, la renta no podrá incrementarse anualmente más allá de la inflación del año anterior reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Sin embargo, debido a que el actual periodo ordinario de sesiones concluye el próximo 31 de mayo, la propuesta no podría aprobarse en este ciclo legislativo, por lo que su eventual discusión en el pleno se realizaría a partir de septiembre.
Reforma busca fortalecer derecho a la vivienda
Además del límite al incremento de rentas, la iniciativa contempla una política integral para fortalecer el acceso a vivienda adecuada, social y asequible, especialmente para jóvenes y grupos de atención prioritaria.
El texto señala que el Gobierno capitalino deberá incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social en renta, así como ampliar permanentemente su reserva territorial mediante la adquisición de suelo para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y asequible.
También se propone incorporar el derecho al arraigo vecinal y comunitario, con el objetivo de evitar desplazamientos forzados y garantizar que las personas puedan permanecer en las zonas donde han desarrollado sus proyectos de vida.
La reforma forma parte de la estrategia de rentas justas impulsada por Brugada para combatir fenómenos como la gentrificación y reducir las desigualdades territoriales en la capital.
Nueva institución para relaciones inquilinarias
Otro de los puntos centrales de la propuesta es la creación de una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos en materia de arrendamiento habitacional.
Este organismo tendría un mandato conciliador y estaría enfocado en orientar, difundir y promover relaciones inquilinarias justas, equilibradas y con certidumbre tanto para arrendadores como para arrendatarios.
Además, uno de los artículos transitorios establece que la futura Ley de Rentas Justas deberá definir la naturaleza administrativa de esta institución, que será responsable de mediar y acompañar los conflictos relacionados con vivienda en renta.
La administración capitalina ha señalado que elevar este esquema a rango constitucional busca dar mayor estabilidad jurídica a la regulación de rentas y consolidar una política pública de largo plazo para garantizar vivienda asequible en la CDMX.
