ADI advierte que las reformas a la Ley de Amparo podrían generar desventajas competitivas y desincentivar la inversión inmobiliaria
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) manifestó su preocupación ante las reformas propuestas a la Ley de Amparo, al considerar que podrían afectar a los inversionistas y desarrolladores del sector.
Aunque la ADI reconoce la importancia de contar con un marco jurídico que brinde certeza al desarrollo de proyectos de inversión, expresó su inquietud por las propuestas que limitan la procedencia de las suspensiones, restringen los efectos de las resoluciones judiciales y establecen un artículo transitorio con efectos retroactivos.
“Este último representa un grave riesgo, ya que podría afectar directamente a inversionistas y desarrolladores que hoy tienen juicios de amparo en curso, vulnerando el principio constitucional de no retroactividad de la ley”, señaló la Asociación.
La ADI subrayó que el sector inmobiliario es uno de los “más sensibles a los cambios regulatorios”, sobre todo en temas relacionados con permisos, usos de suelo, densidades y normativas ambientales. Por ello, advirtió que esta reforma podría desincentivar la inversión inmobiliaria.
“Limitar el alcance de la suspensión en el amparo implica dejar a los desarrolladores sin una defensa efectiva frente a posibles arbitrariedades, generando desventajas competitivas entre proyectos similares y debilitando la confianza de los inversionistas”, señaló.
La Asociación añadió que la aplicación inmediata de las normas expone a los proyectos a sobrecostos, retrasos y modificaciones que comprometen su viabilidad financiera, lo que podría reducir la oferta de vivienda e infraestructura.
“La incertidumbre jurídica obligaría incluso a renegociar contratos con inversionistas y clientes, elevando los riesgos financieros y trasladando posibles incrementos de precios al consumidor final”, apuntó.
En ese contexto, la ADI exhortó a las autoridades a considerar las afectaciones que podría generar la reforma, así como las implicaciones de sus disposiciones retroactivas.
“La ADI hace un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para que, en la discusión de esta reforma, se preserve no solo el equilibrio entre el interés público y la protección efectiva de los derechos de los particulares, sino también el principio de no retroactividad de la ley, como garantía fundamental del Estado de derecho”, afirmó.
