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Impulsar el diseño y construcción de vivienda social

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Por Gustavo López Padilla*

 

 Terminada la Revolución Mexicana, al inicio de los años veinte del siglo pasado, el nuevo gobierno instrumentó programas nacionales en materias como infraestructura, salud, educación y vivienda, entre otros, con el propósito de cumplir sus responsabilidades y compromisos de carácter político y social. En este orden de cosas, desde mediados de los mismos años veinte, hasta iniciados los años ochenta, el Estado Mexicano promovió, reguló y llevó a cabo, en conjunto con la iniciativa privada, pero bajo la dirección del mismo Estado, una buena cantidad de proyectos de conjuntos de vivienda social, que ayudaron a resolver en alguna medida, las necesidades de vivienda de los grupos sociales menos favorecidos en términos de su nivel económico. A lo largo de estos sesenta años, siguiendo criterios conceptuales y obras de los maestros de la arquitectura racionalista, los proyectos realizados en México, apoyaron, se integraron e impulsaron el desarrollo de estructuras y tejidos urbanos de las ciudades donde se ubicaron, representando además, importantes contribuciones de la arquitectura mexicana en términos de diseño y construcción en materia de vivienda social. Con estos mismos proyectos, muchos de ellos trascendentes, se escribieron páginas significativas de la Arquitectura Mexicana Contemporánea, con repercusiones también en la escena mundial.

Pero justamente en materia de los proyectos de vivienda social, a partir de mediados de los años ochenta del siglo pasado, cuando el estado mexicano repliega y minimiza una buena parte de sus estructuras institucionales de regulación y operativas, dando paso a una participación mas abierta y directa de la iniciativa privada, quedando el gobierno tan solo como una institución financiera, se vuelve notable que los proyectos realizados desde aquellas fechas hasta ahora, redujeron sensiblemente sus calidades de diseño urbano y arquitectónico, proyectos que se ubicaron preferentemente en la periferia de las ciudades, lo que se tradujo en una desintegración de estas nuevas zonas de desarrollo, en relación con los tejidos fundamentales de las ciudades en cuestión. Además estos nuevos proyectos dejaron de contar con los equipamientos necesarios en materias como  conexiones de movilidad, educación, comercio, salud y recreación, creando lo que se conoce como construcciones dormitorio. El balance general de resultados de esta nueva realidad en políticas de vivienda, ha sido mayoritariamente negativo y esta valoración la asumen todos los actores involucrados en el asunto, comenzando con los propios usuarios de las viviendas, que han terminado por abandonarlas, realidad que suma millones de unidades. Se trata simplemente de construcciones que suman metros cuadrados construidos, con mínimas oportunidades cercanas de trabajo, educación y recreo en la zona, con pocas calidades de habitabilidad y los conjuntos no logran conseguir un espíritu de lugar, que contenga significados para la gente y se pueda alcanzar un sentido de arraigo.

Lleva ya muchos años esta desafortunada realidad, pasa el tiempo y año con año se aumentan los déficits en materia de vivienda social y no se vislumbran posibilidades de revertir y mejorar resultados por este camino, de lo cual se desprende que debiera haber inicialmente una valoración seria, profunda y reflexiva del conjunto de toda nuestra rica experiencia proyectual, constructiva urbana y arquitectónica, sumando a ello una nueva voluntad  del Estado Mexicano para tratar de reorientar las políticas de realización de estos necesarios proyectos de vivienda. Se pueden tomar en cuenta también, las valoraciones exitosas de desarrollos de vivienda social, realizados en distintas partes del mundo.  Creo que una primera necesidad a cumplir sería que el Estado Mexicano, sin pensar en visiones nostálgicas y regresivas, estudiara las posibilidades de volver a regular de manera directa, los procesos de instrumentación y realización de los proyectos, admitiendo desde luego la participación constructiva de la iniciativa privada, pero tratando de inducir razonablemente, en concordancia con los planes de desarrollo de las ciudades, la definición de los lugares adecuados en donde sería de mayor utilidad el realizar proyectos de vivienda social, orientando que estos proyectos, fueran bien planeados, regulados y diseñados, además de solucionar realmente las necesidades sociales de vivienda, de tal suerte que hagan y enriquezcan la vida comunitaria y cultural  en las ciudades.

En este sentido desde luego existen distintas posibilidades de afrontar el problema, entre las que se encuentran: instrumentar planes para reutilizar construcciones diversas preexistentes, en el corazón mismo de las ciudades,  reconvirtiéndolas en vivienda social, estudiando razonablemente las densidades que debieran ser convenientes para cada zona de las ciudades. Se trata naturalmente de reaprovechar las infraestructuras urbanas con las que ya se cuenta, como vialidades, redes de transporte, de agua potable, drenaje, suministros de electricidad y una buena parte de las estructuras arquitectónicas ya construidas, mejorando imágenes urbanas y sus calidades habitables, tratando de incluir en la medida de lo posible algunos espacios verdes,  identificando y reforzando valores y significados de carácter social, que contribuyan a enriquecer las ideas de lugar.

Para el caso de proyectos nuevos, estos se podrían ubicar, como una primera alternativa,  en zonas actuales de baja ocupación constructiva, derribando lo construido y replanteando en términos urbanos estas zonas de nueva cuenta, con densidades de construcción adecuadas, pensando en mezclas, pero preferentemente en densidades medias de hasta cinco niveles, que han demostrado históricamente sus cualidades y calidades en términos de habitabilidad y creación de entornos urbanos amables. Estas nuevas densidades de construcción deberían estar acompañadas de proyectos complementarios de equipamientos de servicios, zonas verdes y algunos cuerpos de agua, aunque sean pequeños, aprovechando el reciclamiento de aguas residuales, en porcentajes razonables definidos por el propio Estado. Vale la pena recordar que durante los sesenta años mencionados líneas arriba, en que se desarrollaron los emblemáticos proyectos de vivienda social en México, existían normas claras y específicas, en el sentido de que los proyectos de conjuntos de viviendas, debían promover también la construcción de equipamientos complementarios de salud, educación, comercio y recreación. Se necesita retomar estos criterios y no solo construir viviendas como se ha hecho, sino pensar de manera integral, mezclando diferentes usos del suelo en el desarrollo de las ciudades. En todos los proyectos de viviendas, se debe naturalmente pensar en adecuadas combinaciones de grupos sociales y económicos, que posibiliten financieramente la realización de las obras y enriquezcan la vida social y cultural de las ciudades.

Para las ciudades que dispongan de terrenos baldíos, se trataría de utilizar preferentemente aquellos que estén dentro de sus límites territoriales construidos, con la idea sustancial de consolidar la estructura social urbana existente en el corazón mismo de estas ciudades. En otro sentido, de acuerdo con los planes de desarrollo aprobados, los proyectos posibles a ubicarse en los terrenos vacíos de los alrededores de las ciudades, deben tener necesariamente un límite, valorando el no crecer demasiado sobre las áreas naturales periféricas existentes. Los desbordados crecimientos horizontales de las ciudades han demostrado sus negativos impactos ambientales y los sobrecostos que acarrean en materia de funcionalidad, operación y mantenimiento de estas ciudades. Nuevamente la idea sustancial de tratar de conseguir ciudades compactas, preferentemente con densidades medias, han demostrado su viabilidad económica, funcional y lo que tiene que ver con la riqueza de la vida social.

Otro camino importante en la posible realización de proyectos de vivienda social, tiene que ver con la llamada arquitectura participativa, en la que las propias comunidades que requieren de viviendas, se involucran en el planteamiento y construcción de los proyectos. Existen por este camino una buena cantidad de proyectos exitosamente realizados. En este orden de cosas el Estado podría funcionar como coordinador de los procesos, asesor constructivo y organizar algunos centros de acopio de materiales, a los cuales la propia gente de las comunidades se pudiera acercar para conseguir materiales a precios mas accesibles, con los cuales realizar en el tiempo los proyectos implicados. En todas las alternativas de construir viviendas sociales, como debe suceder hoy en día  en cualquier acción edificatoria, no se puede dejar de considerar el incluir criterios de diseño y operación de carácter ambiental. Actualmente  lo anterior es un compromiso ineludible, en el que todos somos corresponsables, pensando en la viabilidad y permanencia del conjunto de la vida en el planeta. En lo que tiene que ver con los diseños arquitectónicos particulares de las unidades habitables, es deseable que existan diferentes tipos de ellos, procurando mezclas de carácter social y económico, así como considerar criterios de uso de los espacios flexibles y reconfigurables.

En todas las ideas previamente expresadas, el Estado Mexicano debería operar sobretodo, como facilitador de la planeación de los proyectos y la realización de los mismos, estudiando e instrumentando en la medida de lo posible, políticas de esquemas financieros que los hagan viables, dentro de lo cual facilidades impositivas pueden ayudar de manera importante. Desafortunadamente en los últimos años, el Estado Mexicano no ha sido el facilitador deseable necesario y en la actualidad existen muchas restricciones y obstáculos, aún contando con buenos proyectos que cumplen con todas las normas proyectuales y constructivas vigentes, hablamos de complicaciones entre las cuales los trámites burocráticos para poder realizar proyectos, son largos y complicados, llegando a tardar años para conseguirlos. Inexplicablemente en la actualidad, además de condiciones económicas difíciles, generadas por diversas circunstancias, internas y externas, existe mas bien una política de desaliento de inversiones, lo que se ha traducido en que en los últimos tiempos, casi no existen proyectos valiosos en términos de vivienda social. Al final del camino, lo mas importante es que no ha existido una clara y decidida  política social, por parte del Estado Mexicano, que se pueda traducir en los esfuerzos necesarios para realizar este tipo de proyectos. Sin voluntad política, falta de interés, entusiasmo y decisión por buscar alternativas viables, novedosas y creativas, poco se puede lograr.

*Gustavo López Padilla

Arquitecto

navegandolaarquitectura.wordpress.com

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Columnista invitado


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