Por Rosalba González Loyde.
En los últimos años el empoderamiento del ciudadano ha dado lugar a un gran número de transformaciones en términos de gobernabilidad. Este posicionamiento activo de la sociedad en los procesos urbanos sin duda ha sido mayoritariamente benéfico para su desarrollo, en tanto se ha llevado a cabo a través de procesos dialécticos entre las instituciones y los ciudadanos.
Sin embargo, este proceso también ha dado lugar a formas violentas de apropiación de espacios y manifestaciones de poder que quedan bastante lejos de la idea de lo público. En donde las fuerzas de algunos grupos estallan sobre otros arropados con la bandera del derecho de opinar, solicitar y exigir con rabia –a veces legítima- al gobierno y a las instituciones para que se haga o que se deje de hacer lo que se pide.
Con esta forma de empoderamiento agrupaciones vecinales de Polanco solicitaron, a través de una carta dirigida el jefe de gobierno de esta ciudad, modificar la ruta de la línea 7 de Metrobús ubicado en avenida Reforma. En la misiva, de la cual se desconoce el método para llegar a tales conclusiones, proponen que la línea corra por las avenidas Chapultepec y Constituyentes porque afirman, “se bloqueará la entrada y salida a Polanco y eventualmente a Las Lomas, por lo que estas colonias quedarán asfixiadas por una ruta innecesaria de Metrobús”. No se leen, en la nota presentada por El Universal, más declaraciones, ni explican por qué o cómo llegaron a tal conclusión. La nota tampoco da cuenta si el colectivo vecinal tiene conocimiento de la Encuesta Origen Destino la cual, con seguridad, les cambiaría la posición sobre la necesidad de la ruta, así como saber que la cercanía con las estaciones de Metro y Metrobús ofrecen mayor plusvalía a los bienes que habitan.
En la misma línea, hace unos días el diario Reforma publicó una nota sobre las “murallas” que levantamos los capitalinos en las calles de esta ciudad. El alarmante número de 26% se desplegaba en el titular refiriéndose al porcentaje de las calles de la ciudad que se encuentran cerradas al tránsito a causa de los vecinos.
Los argumentos de cierre por un lado son comprensibles. La percepción de inseguridad en esta ciudad es latente y pareciera que aumentar los cuidados nunca hace mal. Así, las calles en la colonia San Jerónimo Lídice en la Magdalena Contreras -donde el peatón es, a ojos de quienes habitan ahí, ocasional-, son cerradas por seguridad, aunque los otros, los extraños, deban rodear las calles a pie. Cabe aclarar aquí, que gran número de esos “otros”, son los trabajadores de limpieza, vigilancia y otros servicios de esa zona residencial.
Están también aquí quienes promovieron la consulta pública para el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec (proyecto, sin duda, poco transparente y contra el espacio público). En todo un despliegue de democratización y promoción de la participación ciudadana se erró en la categorización de quienes debían participar en la consulta; la cual se limitó a los habitantes de la delegación Cuauhtémoc, lo que incluía a “vecinos” a 7 kilómetros de la zona de intervención y omitía a otros que se encontraban a menos de 300 metros (como la colonia San Miguel Chapultepec), así como a toda la población flotante de la delegación (un millón y medio diario, según datos de la propia demarcación).
Entonces, ¿quiénes debemos decidir sobre qué debe hacerse o no en la ciudad?
La respuesta cliché es todos, porque vivimos en democracia. Lo cierto es que la malinterpretación y reproducción de este cliché ha provocado una deformación en el imaginario colectivo sobre la idea de participación. Se aplaude el interés y la participación activa. Se aplaude también la búsqueda de hacer más eficientes, efectivos y transparentes los procesos de decisiones sobre lo urbano en esta ciudad que, sin temor a duda, hace falta. Sin embargo, es un peligro asumir que todas las opiniones que se alzan tienen el mismo peso, porque estamos ignorando la voz de los profesionales y las de aquellos que no pueden hacer efectiva su participación porque sus canales no son eficientes. No estamos, entonces, frente a un proceso democrático.
En esa línea el debate -verdadero debate- sobre lo público es indispensable. En el reconocimiento de que las privatizaciones colectivas no son públicas porque interviene más de un individuo, sino por otro fenómeno en el que la posibilidad del encuentro con los diferentes se hace presente y la negociación para hacer uso del espacio es factible. Defender el espacio para mis iguales imposibilita el diálogo y provoca la pérdida de algo fundamental en las ciudades: el encuentro con el otro, trascendental en la vida pública.
Rosalba González Loyde. Profesora de Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Candidata a Maestra en Desarrollo Urbano por la Universidad Católica de Chile, licenciada en Comunicación por la UNAM. Ha publicado en diferentes medios entre los que destacan la revista internacional de arquitectura Arquine y la revista Planeo del Instituto de Estudios Urbanos de la UC (Chile). Formó parte del colectivo Proyector con el que gestionó la muestra ‘Ciudad educadora’ (2014) en Casa del Lago.
Twitter: @LaManchaGris_
