Por Elvira Daniel
Con la incipiente Constitución Política de la Ciudad de México, llegan grandes proyectos y más grandes deseos para planear la ciudad que deseamos construir.
El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México es el larguísimo nombre que propuso la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática -que con paciencia e inteligencia presidió Enrique Provencio-, como la institución en donde, a partir de la participación ciudadana, vamos a definir la visión y trazar el rumbo para el desarrollo sustentable de la CDMX. (Ya más adelante les platicaré de las horas que pasamos discutiendo en la Asamblea Constituyente si debía ser “sustentable” o “sostenible” el concepto correcto para la ciudad).
Dicho Instituto formará parte de un sistema que pretende evitar que el desarrollo y planeación en la capital se definan en función a la intención política o burocrática que tenga la o el gobernante en turno, sobre todo que la planeación cumpla con las siguientes condiciones: que sea técnica, estable, independiente y de largo plazo, como sucede en las grandes ciudades del mundo, y no sujeta a los vaivenes de la vida política local y nacional.
El Título Tercero de nuestra nuevecita ley fundamental determina las bases para el desarrollo sustentable de la Ciudad y, en el capítulo correspondiente, el artículo 15, define como instrumento un sistema de planeación y evaluación para garantizar el derecho a la ciudad, siendo este concepto de “derecho a la ciudad” uno de los más progresistas e innovadores de nuestra constitución local.
Así, el ejercicio de este derecho es a través de instrumentos de planeación jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y obviamente, de participación ciudadana. Uno de los aspectos destacables del sistema es que se define como un proceso articulado y perdurable. La planeación del desarrollo tiene su origen en diversos instrumentos, de los que vale la pena mencionar: (1) El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, entendido éste como el “plan maestro” al que debe sujetarse todo plan, programa, política y proyecto público, así como la planeación y el ejercicio del presupuesto de la Ciudad que deberá incorporar sus objetivos y metas. Su vigencia es de 20 años y será elaborado (ojo con esto) por el Instituto (el del nombre larguísimo) para ser enviado por la o el Jefe del Ejecutivo local, al Congreso de la Ciudad para su aprobación. Es importante hacer notar que, en caso de no ser aprobado, procede la afirmativa ficta, siendo éste uno de los riesgos del nuevo sistema.
Este Plan General podrá ser revisado conforme lo determine la legislación secundaria correspondiente (que debe ser objeto de nuestra ocupación a partir de ya). Al “plan maestro” deben adecuarse los planes y programas descritos en los numerales (2) al (5), así como el Programa General de Ordenamiento Territorial, con vigencia de 15 años y revisable cada 5, que pretende regular la transformación de la ciudad y fortalecer su función social, cuya elaboración estará a cargo del Instituto, y gozará de la participación de la administración pública central y de las alcaldías, y claro está, de la sociedad civil.
De nueva cuenta, debe ser enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso para su aprobación e igualmente, puede ser aprobado por afirmativa ficta si dentro de los 6 meses siguientes a que fue enviado no se aprobó (mismo riesgo). (2) Los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías, que son elaborados por las alcaldías (en lo personal no estuve de acuerdo, pero me abstuve de votar para evitar señalamientos), pero quedó el “candado” de que debe ser conforme a los lineamientos del Instituto y previo dictamen del mismo, para ser enviado por el Jefe de Gobierno y por el citado trámite.
En este caso, la Constitución no estableció vigencia ni habla de la afirmativa ficta, por lo que vale la pena revisar con cuidado lo que al efecto determine la legislación secundaria. Como ya comenté, no estuve de acuerdo con el planteamiento de que fuera elaborado por las alcaldías pues conlleva el riesgo de aspectos de corrupción y componendas políticas.
En este tema, a la hora de votar y discutir, la asamblea estuvo dividida -aún dentro de la mayoría de los partidos- pues los diputados constituyentes que antes habían sido delegados políticos presionaron para que esta facultad quedara en las alcaldías. Yo creo que éste es uno de los aspectos menos positivos y con un grado de riesgo, por lo que hay que darle puntual seguimiento.
(3) Los Programas de Gobierno de la Ciudad, tanto los institucionales, sectoriales, como los especiales, deben estar sujetos al Plan General de Desarrollo; en particular, la Ciudad debe contar con programas sectoriales de largo plazo en las materias de movilidad, energía e hidráulico, porque la mala planeación (o falta de planeación) en estas materias es una de las más graves afectaciones para la capital. (4) Los Programas de Gobierno de las Alcaldías. (5) Los Programas Parciales de las Colonias, de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, todos éstos también alineados y armonizados con el Plan General.
Y ¿cómo se conforma este todopoderoso Instituto? Se estableció como un organismo público autónomo, con autonomía técnica, personalidad jurídica y con patrimonio propio (“un invertebrado gaseoso de naturaleza sui generis” diría el Doctor José Antonio Núñez Ochoa en mi examen profesional).
Cuenta con una Junta de Gobierno, como órgano rector de carácter plural e interdisciplinario, y ésta la integra la o el Jefe de Gobierno, quien la preside; 5 representantes de su Gabinete; 3 representantes del Cabildo de la Ciudad, y 7 consejeros ciudadanos. Estará a cargo de un Director General quien deberá ser experto (o experta) en planeación y desarrollo, será nombrado por dos terceras partes del Congreso de una terna a propuesta por un Comité de Selección.
Tiene además dos instrumentos de suma importancia: un Directorio Técnico, en su carácter de órgano multidisciplinario encargado de la integración, operación, verificación y seguimiento del sistema de planeación; contará con por lo menos 15 expertos de los cuales 7 son los consejeros ciudadanos de la Junta de Gobierno; y finalmente un Consejo Ciudadano como órgano de consulta obligatorio y diálogo público, que tendrá un carácter consultivo y propositivo. Aunado a todos estos expertos y expertas técnicos, funcionarios y ciudadanos, falta señalar al Comité Técnico “ad hoc”, integrado por 11 personalidades con fama pública de probidad y solvencia profesional en las materias de planeación, quienes se encargarán de nombrar a los ciudadanos que integran la Junta de Gobierno, el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano.
El gran reto está en que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México logre ir más allá de las visiones de corto plazo que buscan resultados electoreros e inmediatos, que su integración sea realmente por expertos, por técnicos que “sobrevivan” los cambios de las administraciones locales.
El desafío es que quienes vivimos en la increíble Ciudad de México y deseamos seguir invirtiendo, disfrutando y cuidando de ella, tengamos la posibilidad de hacerlo, sabiendo que estamos en manos de expertos que además tienen como mandato escucharnos a nosotros … los chilangos.
Elvira Daniel. Se recibió como Licenciada en Derecho en la Universidad Anáhuac con Mención Honorífica, obtuvo la Especialidad Judicial en Amparo por el Instituto de la Judicatura Federal y ha acreditado diversos Cursos de Derecho Ambiental y Constitucional, uno de estos últimos impartido por el reconocido Maestro Ignacio Burgoa; así mismo, cursó un Diplomado en Análisis Político Estratégico en el CIDE en 2007 y 2008.
Cuenta con pleno dominio del idioma inglés y en un 70% del francés hablado. Es instructora certificada de yoga en la India en el Método de Iyengar, disciplina que practica con pasión y constancia. Está certificada como maestra de inglés con el Cambridge First Certificate y estudió dos años para ser intérprete y traductora. Tiene plena capacidad de traducir de forma simultánea y con excelencia.
Twitter: @elvidz
