POR WILLIAM GÓMEZ HUESO.
La reforma al Código #Urbano está en boca de todos, criticada por algunos, cuestionada por otros, elogiada por unos cuantos e impugnada por otro tanto ¿por qué ha dado tanto de que hablar? antes de analizar los impactos de la (ni buena, ni mala sino controversial) reforma es importante precisar ¿qué es y con qué se come el Código Urbano?
La vida en sociedad requiere reglas, el espacio en el que nos desenvolvemos y cohabitamos también, así nacen los conceptos de ordenamiento del territorio y planeación urbana, que no son otra cosa que la manera en la que se regula el crecimiento de una ciudad a través de la determinación de que construir y donde hacerlo con el fin de vivir en armonía con nosotros mismos y con el medio ambiente.
En ese sentido, el Código Urbano debe entenderse como el instrumento legal que establece los principios y lineamientos para hacer de la ciudad el mejor lugar para vivir mejorando la calidad de vida de sus habitantes, de ahí la importancia y complejidad de tal norma, que como todas las leyes tiene aspectos positivos, negativos y sobretodo faltantes que solo podrán ser subsanados abordándolos desde una perspectiva multidisciplinaria, sin más preámbulo entremos en materia:
Lo bueno:
Amplía las facultades en materia ambiental y las fusiona con las de desarrollo urbano.
Incorpora los conceptos de accesibilidad universal, #vivienda accesible e incluyente y movilidad urbana sustentable.
Garantiza que las áreas de cesión para destinos (que el urbanizador entrega al municipio al concluir la urbanización) sean realmente útiles.
Aumenta el catálogo de delitos contra el desarrollo urbano.
Fomenta las metropolización y genera herramientas para facilitar la coordinación metropolitana.
Fortalece las atribuciones de la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
Lo malo:
Impide combatir la determinación de los usos de suelo hasta que pasen seis años a partir de su establecimiento (imagine que autorizan a su vecino a poner una industria contaminante al lado de su casa y debe esperar seis años para iniciar las acciones legales contra ese uso).
Obliga a los municipios a destinar recursos públicos al mantenimiento y conservación de las áreas comunes (privadas) de los condominios de interés social.
No contempla el concepto de vivienda sustentable y no establece políticas claras para controlar la expansión desmedida de las ciudades.
No contempla disposiciones en materia de vivienda
Lo que le falta:
Crear tribunales especializados en desarrollo urbano
Simplificar y reestructurar las normas de desarrollo urbano
Fomentar procesos de participación comunitaria que tengan incidencia en la planeación e implementación de estrategias de mejoramiento urbano
Controlar la expansión urbana
Garantizar la creación de vivienda con un enfoque socioespacial
Impulsar la redensificación en zonas estratégicas de las ciudades
Promover la #construcción, mantenimiento y renovación del equipamiento e infraestructura consolidando zonas urbanas estratégicas
Establecer criterios de adaptación al cambio climático
Prever estrategias para evitar que en los procesos de renovación urbana se expulse a la población originaria
Rescatar la importancia de los mercados públicos como equipamientos clave
Establecer estrategias para evitar la especulación y subutilización del suelo
Fomentar mecanismos de plusvalías de suelo a favor de la ciudad
Establecer porcentajes de vivienda social y vertical en los nuevos desarrollos
Del análisis anterior podemos darnos cuenta que más allá de lo bueno y lo malo destacan los aspectos no contemplados y que son indispensables para impulsar mejores ciudades.
Ante este escenario resulta claro que una reforma a la normatividad urbana no es suficiente, se requiere un trabajo integral, en el que comencemos por cambiar nuestra percepción de la ciudad y la manera en la que participamos en sus decisiones, poniendo la planeación al alcance de todos, combinándola con buenas prácticas gubernamentales y sin olvidar que la ciudad la hacemos sus habitantes, esa es la clave, quitémosle las decisiones de la urbe a unos cuantos para que esté en manos de todos, regresémosle a la ciudad y a la propiedad su función social.
WILLIAM GÓMEZ HUESO, Abogado especializado en Derecho Urbano y Maestrante en Administración Pública, se ha desempeñado en diversos cargos dentro del sector público entre los cuales destacan: Director General Jurídico, Director Jurídico de Obras Públicas y Director Jurídico de Desarrollo Social y Humano todos en el Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, también ha sido encargado del despacho de la Dirección General de Obras Públicas y de la Dirección de Control del Ordenamiento Territorial en el mismo municipio. Actualmente es Socio Director de Consultoría y Estrategia Metropolitana S.C.
@wgomezh
