Por Rodrigo Díaz*
De un tiempo a esta parte se habla cada vez más de movilidad y menos de transporte. No se trata de un simple reemplazo de palabras: detrás se esconde un profundo cambio en la manera que pensamos y construimos las ciudades, y cómo nos movemos -y vivimos- en ellas. Si el paradigma del transporte se enfoca en cómo los distintos medios satisfacen determinadas demandas de viaje, el paradigma de movilidad aborda tanto el viaje como las circunstancias que lo originan, y los impactos sociales, económicos y ambientales que éste genera. Cuando hablamos de las circunstancias que rodean el viaje, en gran medida nos referimos al modelo de desarrollo urbano en el que se lleva a cabo. En este sentido, ¿es congruente el modelo de desarrollo urbano de México con la generación de políticas de movilidad sustentable? El crecimiento de las ciudades contemporáneas en México obedece a un modelo en tercera dimensión (3D): Distante, Disperso y Desconectado. La falta de políticas de planeación territorial y la carencia de planes integrados de usos de suelo, vivienda, infraestructura y movilidad, han producido un modelo de ciudad altamente expandidas y fragmentadas, altamente intensivas en suelo, de elevado consumo energético, difíciles e ineficientes de mantener y administrar. El modelo en 3D no es casual, es el resultado que se espera del esquema escasamente regulado que se sustenta en la premisa que el suelo urbano es un bien en extremo abundante cuyo uso eficiente se logra cuando se deja que las dinámicas del mercado actúen sin mayores regulaciones.
Otros intereses también han contribuido a la expansión del modelo: la ocupación de suelo nuevo no sólo se ha visto como una forma de responder a las necesidades naturales de crecimiento de las ciudades, sino también como una efectiva herramienta para atender de manera inmediata a una serie de intereses y objetivos que no están estrictamente relacionadas con lo urbano. En este sentido, se ha considerado que expandir las ciudades es una vía eficaz de fortalecer determinados sectores económicos, de generar empleo, y de dinamizar la economía local y nacional; iniciativas loables que, sin embargo, han fomentado la expansión desmedida de nuestras ciudades. A su vez, el otorgamiento de nuevos permisos de construcción ha funcionado como una forma rápida de generar recursos para las finanzas locales. El resultado es conocido: de acuerdo a cálculos de Sedesol, entre 1980 y 2010 la superficie urbanizada en México se multiplicó por seis. El incremento sostenido en las distancias de recorrido al interior de las ciudades no sólo aumenta los tiempos de viaje: también ha incentivado el uso del automóvil particular en detrimento del transporte público y los medios no motorizados, lo que se traduce en mayores niveles de congestión vehicular y en un incremento en el uso de combustibles. Esto trae consigo un aumento en las emisiones de contaminantes y Gases de Efecto Invernadero (GEI) originados por el sector transporte, que a nivel nacional contribuye con 20% del total de estas emisiones. Asimismo, la expansión desmedida dificulta enormemente la provisión de transporte público de calidad, que además resulta caro para la población de menores recursos, que llega a gastar hasta 25% de sus ingresos en movilización.
¿Qué se puede hacer desde las políticas de vivienda para romper con el paradigma del crecimiento en 3D? Muchas cosas. En primer lugar, establecer programas, normas y estímulos financieros orientados a la ocupación de las 85 mil hectáreas intraurbanas baldías existentes en las ciudades de más de 50 mil habitantes, superficie para la construcción de más de 5 millones de viviendas. Estas políticas deben ir acompañadas de una diversificación en los recursos para el financiamiento habitacional, que deben privilegiar opiniones distintas a la compra de vivienda nueva, como los programas de renta (el Infonavit ya ha avanzado algo en este sentido), mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio (el déficit de 9 millones de viviendas es mayoritariamente cualitativo, no cuantitativo). A su vez, y aunque la planeación del desarrollo urbano reside en los gobiernos locales, resulta fundamental que la Federación, a través de los mecanismos y herramientas que la Constitución le confiere, promueva un modelo de crecimiento compacto y conectado. En este sentido, el condicionamiento a la entrega de recursos financieros y técnicos al cumplimiento de determinados estándares de localización, conectividad, equipamiento y diseño del espacio público, y a la existencia de una institucionalidad efectiva para la coordinación metropolitana e intersectorial, es un camino correcto que necesita de una pronta consolidación. Recuperar el dominio público en la planeación de trazos viales y redes de infraestructura, así como los servicios que también apuntan a desterrar un modelo de crecimiento que dificulta enormemente la accesibilidad a todos los beneficios que el habitar urbano debiera suponer. En un momento de reformas importantes, México necesita mirar a sus ciudades. Urge una gran reforma urbana, entendida como una reforma estructural orientada a construir un nuevo marco institucional, legal y financiero que permita detonar todo su potencial a las ciudades. Las políticas de movilidad y vivienda no pueden quedar al margen de este esfuerzo de país. Pensarlas e implementarlas de manera integrada es tanto un desafío como una obligación.
FUENTE: *5° Foro Internacional de Vivienda Sustentable
