Por Silvia Mejia Reza*
En días pasados se llevo a cabo el Seminario Internacional El derecho a la ciudad en América Latina: visiones desde la política, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Durante el 24 y 25 de febrero se debatieron temas sobre las nuevas dinámicas urbanas, los movimientos sociales en torno a la ciudad, el papel de los gobiernos y los actores involucrados en las políticas urbanas y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y la consolidación formal e informal.
El derecho a la ciudad significa que todos los habitantes, de manera equitativa, puedan acceder a las mismas condiciones y oportunidades en la ciudad, a los bienes y servicios, un derecho colectivo que incluye los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto además implica que tanto las personas como las organizaciones de la sociedad civil participen activamente en la determinación de las políticas públicas para garantizar sus derechos (de acuerdo a la Carta de la ciudad de México por el Derecho a la Ciudad 2010)
Según la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la ciudad de México tiene 900 asentamientos humanos irregulares, donde viven 2.5 millones de habitantes, lo que representa 28 por ciento de la población total. Asentamientos humanos cuyo proceso de consolidación ha sido ilegal, paulatino, en zonas de protección ambiental o zonas de riesgo. Asentamientos por la falta de acceso a una vivienda o al financiamiento para la misma.
La irregularidad es causa de la falta de normas para regular la producción de suelo, para dar seguridad jurídica. Estos procesos de “urbanización inversa” donde la consolidación de la vivienda es antes que la infraestructura y los servicios son comunes en México, Argentina, Bolivia, Brasil, por mencionar algunos ejemplos presentados en el Seminario.
El caso de Brasil resulta interesante, ya que existen ejemplos de conjuntos habitacionales consolidados formalmente que fueron transformados por sus habitantes hasta perder su forma original, proceso al que llaman fabelización. La fabelización es el proceso de inclusión de espacios que no fueron contemplados desde el inicio como puede ser zonas de crecimiento o servicios como locales comerciales. El resultado son conjuntos habitacionales que invaden el espacio público, se apropian de él, lo consolidan. Transformaciones a las que estamos familiarizados porque las hemos visto en los desarrollos de vivienda en nuestro país. Y como dicen los ponentes Carmen Guillén y Geronimo Leitao “transformaciones que son resultado de una producción autoritaria y sin asesoría técnica” o sin el criterio de un arquitecto.
Otro ejemplo interesante es Bolivia donde la nueva Constitución establece el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Sin embargo no ha sido fácil ya que es un país que ha carecido de una política de vivienda y planeación de las ciudades. El 80 por ciento de la vivienda en Bolivia ha sido auto construida y la opción al crédito sólo alcanza al 11 por ciento de la población. Hoy en día el gobierno de Evo Morales promueve el crédito y subsidio a la vivienda para los sectores más necesitados. Además entre 2006 y 2013 se regalaron cerca de 50 mil viviendas sociales y para 2014 se pretende construir 30 mil más; a esto lo llaman el camino al progreso.
Es así que con esfuerzos semilla, con prueba y error, cada ciudad aspira dar a sus habitantes el derecho a su ciudad. En nuestro caso ¿qué podemos hacer? De acuerdo al maestro Eibenschutz en materia de planeación urbana debemos desarrollar una concepción distinta de los planes. Hacer del plan un proceso de gestión, discusión y análisis con un alto componente de participación ciudadana y concertación política, sólo así podremos trascender de los espacios administrativos, tener continuidad y lograr mayor equidad y accesibilidad a la ciudad.
En el seminario el denominador común es la voz del ciudadano, la participación. Así como exigimos el derecho a la libertad de expresión, al voto, a la educación, a la salud; debemos exigir el derecho a los servicios básicos, las oportunidades de empleo, los servicios de transporte, los espacios públicos, vivienda digna, en términos globales el derecho a la ciudad.
*Maestra en Arquitectura y Urbanismo
