Por Alfonso Castro*
Para todos es conocido que las tres principales compañías productoras de vivienda de interés social se vieron de pronto envueltas en profundas crisis de liquidez con importantes deudas.
Todas ellas iniciaron procesos de reestructuración durante el primer trimestre de 2013, lo que acumuló además las condiciones más complejas para la operación: cambio diametral de las políticas públicas, reducción de la demanda de vivienda de interés social y en algunos casos, descontrol de los gastos.
Esto resultó en un torrente de litigios con una mezcla sumamente compleja de acreedores, incluyendo proveedores, clientes, entidades gubernamentales, acreedores bancarios y tenedores de bonos nacionales y extranjeros.
Lo primero: preservar el patrimonio de la mayoría
Rápidamente, el deterioro financiero de las principales vivienderas se extendió hacia prácticamente todos sus frentes de operación. Santamarina y Steta tomó algunos casos con diferentes equipos expertos de abogados de especialidad corporativa, inmobiliaria, financiera, reestructuras, laboral, mercantil, litigio, etc., para conformar diversas mesas de trabajo. Este ha sido el método que nos ha funcionado en las más importantes reestructuraciones recientes del país: Corporación Durango, Vitro, Sanluis Corporación, Comercial Mexicana, Grupo Industrial Saltillo, Satélites Mexicanos e Hipotecaria Su Casita, entre otros.
Cerrar una empresa es mucho más fácil que reestructurarla y dejarla funcionando; sin embargo, la salida fácil generalmente no representa la mejor alternativa para todos. Idealmente conviene mantener la empresa como negocio en marcha para bien de los involucrados.
Paso a paso
La primera tarea es atender una fase netamente negociadora, que contiene y concierta la voluntad de actores clave.
Un segundo paso puede surgir en el camino, cuando las negociaciones se complican con la aparición de más personas y empresas involucradas en la deuda, o bien disidentes del esquema de negociación. Eso lleva a replanteamientos y ajustes de diversa índole en la propuesta de repago.
El tercer paso es implementar el acuerdo de reestructura ya sea fuera o dentro de un proceso judicial, a efecto de dar validez a los acuerdos adoptados por los acreedores y así poder reiniciar la actividad económica de la empresa.
Los resultados previsibles
-Renegociación y reestructuración de una deuda consolidada (acreedores, tenedores de bonos, laborales y fiscales)
-Posiblemente, cambio de administración
-Reducción del tamaño de la empresa, pero que se mantiene productiva y competitiva para una nueva etapa
-Reducción dramática de la producción de vivienda, de hasta 70 por ciento
-Alineación de los intereses de Gobierno Federal, Bancos, acreedores y tenedores de bonos en una organización razonable
-Rescate de cientos de proveedores
-Reducción de la planta laboral mayor a 70 por ciento
*Socio experto del área Corporativa de la firma legal Santamarina y Steta
