La Secretaría expidió alrededor de 3,000 certificados que tienen que ver con la aplicación de la Norma 26
Con el objetivo de evitar abusos debido a la mala aplicación de la Norma 26, el Gobierno del Distrito Federal, a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal (Seduvi), Felipe Gutiérrez, reconoció que aunque se expidieron 3 mil certificados relacionados a la Norma 26, hasta el momento están en marcha 200 procesos por lesividad.
“Tenemos en marcha alrededor de 200 procesos que tienen que ver con juicios de lesividad, de evaluación de los expedientes, análisis de las quejas, para conjuntamente con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F (PAOT) que ha retenido en algunos casos folios para que no se pueda hacer la escrituración, en función de eso podamos determinar la procedencia o no de liberarlos”.
Asimismo, dijo que la Secretaría expidió alrededor de 3,000 certificados que tienen que ver con la aplicación de la Norma 26, incluidos los que aplica el Instituto de la Vivienda y certificados para particulares y reconoció que sí han recibido quejas, la mayoría porque no se respetó el precio de venta en las viviendas.
Gutiérrez señaló que buscarán tratar el tema de la vivienda con la siguiente legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. “Desde luego la siguiente discusión tendrá que hacerse con la siguiente legislatura, pero a partir de ese mecanismo de actualización del programa general, determinar si es viable transitar hacia una manera diferente de normar la producción de vivienda, más hacia producir un programa de vivienda para distintos sectores, aunque la vivienda social es la de mayor obligación desde el gobierno procurar y atender, pero entendiendo que se requiere vivienda para jóvenes y adultos mayores”.
Dijo que los juicios por lesividad están en trámite en el Tribunal de lo Contencioso y que cuando se concluyan esos juicios de lesividad se podrá ver si son el resultado de una incorrecta interpretación y por tanto fincar responsabilidad a quién expidió este certificado o si fue por causa del particular, ya que el reto es encontrarle una salida a esa problemática “desde impedir la escrituración, de demoler, cuando se tenga el resultado del juicio de lesividad”, señaló.
Finalmente señaló que para cada proyecto se detectó hacen una razón social, pero dijo que “es complicado andar rastreando quién está detrás de cada razón social, y estamos atentos junto con la PAOT y con el INVEA, incluso con la fiscalía de delitos ambientales de la PGJ para contrarrestar todo esto”, advirtió.
