Especialistas señalaron que la producción de vivienda social enfrenta obstáculos de financiamiento, acceso al suelo y apoyo institucional
Aunque la producción social del hábitat (PSH) representa hasta dos terceras partes de la producción de vivienda en México, esta modalidad continúa enfrentando obstáculos para su desarrollo, entre ellos la falta de financiamiento, las dificultades para acceder al suelo y la insuficiencia de políticas públicas que impulsen los procesos comunitarios.
Así lo advirtieron la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina (HIC-AL), el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI) y Cooperación Comunitaria, organizaciones que dieron a conocer sus aportaciones a dos mecanismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el marco del Día Mundial de las Ciudades, las organizaciones destacaron la importancia de reconocer la PSH como una alternativa para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, particularmente entre las poblaciones de menores ingresos.
Esta modalidad comprende procesos de producción de vivienda y espacios habitables gestionados por sus propios habitantes, familias, cooperativas y organizaciones sociales, sin fines de lucro.
A diferencia de la construcción habitacional en serie, permite adaptar progresivamente las viviendas a las necesidades de sus ocupantes, aprovechar recursos comunitarios e incorporar soluciones que respondan a las condiciones ambientales y culturales de cada territorio.
Advierten falta de apoyo a la producción social del hábitat
Como parte de una contribución al próximo informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Koldo Casla, las organizaciones señalaron que, aunque la legislación mexicana reconoce la producción social del hábitat, todavía existen limitaciones para garantizar su desarrollo.
Entre los principales problemas identificaron la falta de instrumentos financieros adecuados, los obstáculos para adquirir suelo y la insuficiencia de recursos públicos destinados a impulsar proyectos colectivos.
Asimismo, advirtieron que durante los últimos años las políticas habitacionales han privilegiado soluciones individuales y modelos de construcción masiva, sin fortalecer suficientemente las iniciativas comunitarias.
En particular, consideraron que, aunque el Programa de Vivienda para el Bienestar ha abierto oportunidades para que familias vulnerables accedan a una vivienda, la producción social del hábitat continúa relegada frente a los esquemas de entrega de viviendas terminadas.
Las organizaciones también cuestionaron que algunos apoyos para el mejoramiento habitacional consistan en subsidios reducidos que no incorporan acompañamiento ni asistencia técnica.
Frente a este panorama, plantearon la necesidad de diversificar las soluciones habitacionales, fortalecer el acceso al suelo y reconocer la participación comunitaria como un componente fundamental de las políticas de vivienda.
Plantean cambios legales y nuevas políticas de vivienda
Las organizaciones también participaron en la elaboración del apartado sobre vivienda adecuada de un informe alternativo dirigido al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC).
En este documento señalaron que México carece de una política integral que impulse la producción social del hábitat y que persiste una visión predominantemente mercantil de la vivienda.
Además, cuestionaron que las reglas de operación de los programas habitacionales no siempre consideran los tiempos de construcción progresiva, los procesos de decisión comunitaria o las particularidades de las comunidades rurales e indígenas.
Otro de los problemas identificados es la ausencia de una regulación específica para las cooperativas de vivienda, situación que limita el desarrollo de esquemas colectivos de acceso y permanencia habitacional.
Ante ello, las organizaciones formularon nueve recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan fortalecer el marco jurídico de la vivienda, establecer incentivos económicos para la producción social del hábitat y desarrollar una política de suelo que favorezca a las poblaciones vulnerables.
También propusieron impulsar una legislación específica para las cooperativas de vivienda, con el objetivo de consolidar alternativas habitacionales que contribuyan a reducir las presiones de desplazamiento asociadas con la especulación inmobiliaria.
Las propuestas se presentan en un contexto en el que ONU-Habitat ha insistido en la necesidad de diversificar las estrategias para enfrentar la crisis mundial de vivienda, mediante políticas públicas que involucren a gobiernos, comunidades y otros actores sociales.
Para las organizaciones, fortalecer la participación comunitaria no significa trasladar a las familias las responsabilidades del Estado, sino generar condiciones jurídicas, institucionales y presupuestarias que permitan ampliar las alternativas de acceso a una vivienda adecuada.
