El acuerdo contempla una reducción de hasta el 85% en los plazos de 11 trámites esenciales para la construcción de vivienda en la CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Producción de Vivienda Social, Pública y Asequible, con el objetivo de eliminar obstáculos normativos que prolongan el acceso a vivienda digna en la capital.
Dicho acuerdo, que fue publicado hoy en una edición Bis de la Gaceta Oficial de la CDMX, contempla una reducción de hasta el 85% en los plazos de 11 trámites esenciales para la edificación de vivienda, por ejemplo:
- Opinión de valor de predios: de 4 meses a 1.
- Factibilidad de servicios hídricos: de 80 a 10 días hábiles.
- Evaluación de impacto ambiental: de 40 a 1 día hábil (en casos sin arbolado ni colindancia con zonas protegidas), o máximo 15 días naturales.
- Dictámenes de seguridad estructural: de 225 días a 15 naturales.
- Programa interno de protección civil: de 120 a 10 días naturales.
Además, se habilitará una Ventanilla Única interinstitucional y se desarrollará una plataforma digital única para monitorear en tiempo real el avance de cada trámite, garantizando transparencia y trazabilidad desde el principio hasta su resolución.
De igual manera, este esquema prioriza proyectos de vivienda social dirigidos a sectores desplazados por la especulación inmobiliaria, sobre todo en zonas catalogadas como de tensión inmobiliaria, como la Roma, Condesa, Juárez y Buenos Aires.
Para ello, se implementará una mesa de atención ciudadana en el Zócalo, que permitirá atender directamente los casos de personas afectadas por la expulsión de sus colonias.
Al respecto, Brugada destacó que las viviendas sociales tardaban más de cuatro años en lograr autorización. Ahora, gracias al acuerdo, la mayoría de los trámites se resolverán en un promedio de cuatro meses.
“Estamos dando a conocer esta simplificación de trámites y este golpe durísimo a los laberintos burocráticos que se enfrentan en todas las dependencias (…) este acuerdo es un paso gigante para la construcción de una ciudad justa, democrática, sustentable, una ciudad que dé prioridad a la vivienda pública y asequible”, dijo.
Y advirtió sobre el riesgo de no actuar en zonas centrales tensionadas: “Si no empezamos con un proceso que detenga el crecimiento de rentas, la expulsión de gente en el centro… en pocos años estaremos viendo los negativos resultados que se ha tenido en otras colonias”.
De esta manera, se abordan décadas de ineficiencia pública, donde procesos que solían tardar hasta siete años podrán resolverse en unos meses; se impulsa la justicia urbana al priorizar el derecho a la vivienda de sectores desplazados y generar una respuesta concreta a la gentrificación; y se moderniza la gestión pública con herramientas digitales y espacios de gobierno que agilizan decisiones y disminuyen la discrecionalidad.
