Desde el inicio de la presente administración al primer trimestre de 2024 se han realizado más de 3.8 millones de acciones de vivienda
Al participar en el foro ‘Balance de la Política Nacional de Vivienda 2019-2024: sus principales avances, retos y oportunidades’, Luis Alberto Paz Gálvez, director general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destacó que el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 ya presenta un avance de 100 por ciento.
El funcionario recordó que dicho programa cuenta con cinco objetivos:
- Ejercicio del derecho a la vivienda adecuada
- Coordinación entre los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) y órdenes de gobierno para el uso de los recursos
- Fomentar con el sector social y privado el ejercicio del derecho a la vivienda
- Derecho a la Información y a la rendición de cuentas
- Modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo
Además de que contempla 113 acciones puntuales, de las cuales 33 ya están concluidas y 80 en proceso, mismas que se concluirán en el tercer trimestre de este año.
Paz comentó que, desde el inicio de la presente administración al primer trimestre de 2024, se han realizado más de 3.8 millones de acciones, con una inversión de cerca de 1.1 billones de pesos.
Principales logros de la Política Nacional de Vivienda
El funcionario de Sedatu mencionó que, durante la presente administración, cerca de 2.8 millones de personas han salido del rezago habitacional, ya que el porcentaje de viviendas en rezago ha disminuido en 3.3% desde 2018.
Asimismo, al priorizar el financiamiento como herramienta para garantizar el acceso justo a la vivienda adecuada, se logró que el porcentaje de hogares que destinan más de 30% de sus ingresos para pagar su vivienda pasara de 8.4% en 2028 a 7.4% en 2022, ya que se impulsó el acceso al crédito de los grupos vulnerables.
También se le dio impulso a una política en materia de subsidios como instrumento de justicia social para garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada, y se focalizó dicho subsidio a estados con mayor rezago habitacional, población sin seguridad social y grupos históricamente marginados.
De esta manera, a partir de 2019, se han entregado 464,730 subsidios, que representan una derrama de 36,196.7 millones de pesos (mdp).
Además, se invirtieron 110,000 mdp para realizar 1.6 millones de acciones de autoproducción de vivienda para abatir el rezago habitacional, de las cuales el 51.3% se concentraron en los 10 estados con mayor rezago.
Y, finalmente, Paz Gálvez resaltó que se logró disminuir el porcentaje de viviendas que no cuentan con escrituras en 2.5 puntos porcentuales, al pasar de 26.8% en 2018 al 24.3% en 2022; además de que se elaboró un proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) que tiene como objetivo establecer los criterios y reglas para llevar a cabo la emisión de dictámenes de habitabilidad de la vivienda.
¿Qué falta por hacer?
Respecto a lo que queda pendiente por hacer en la próxima administración, Aurora García de León, directora general de Derex, comentó que uno de los principales retos es que, aún con la participación del sector público y privado, no se ha alcanzado el ritmo necesario para abatir el rezago, pues, a pesar de los esfuerzos por alinear la oferta con la demanda, la brecha permanece.
Por su parte, Circe Díaz Duarte, subdirectora de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), indicó que es necesario focalizar la atención hacia la población no derechohabiente y sin capacidad de pago.
De igual manera, precisó que, hacia adelante, lo que falta es:
- Coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para que se garantice que las zonas de crecimiento tienen la capacidad de carga y las familias que habitarán en zonas con acceso a servicios básicos y sin riesgos.
- Diseño y ejecución de acciones vinculadas estratégicamente, a la Política Nacional de Vivienda.
- Diseño de esquemas de financiamiento dirigidos a la población con menores ingresos y a la población no afiliada.
- Coordinación entre diferentes niveles de gobierno para incrementar el alcance en las intervenciones.
