Por Román Meyer Falcón*
A casi cinco años del inicio del gobierno de la Cuarta Transformación es posible afirmar que el rezago habitacional —el número de personas sin acceso a una vivienda adecuada— tiene una tendencia clara a la baja. Esto, lejos de la retórica, parte de dos estimaciones rigurosas, elaboradas a partir de los datos de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2022), que permiten dimensionar la magnitud y dimensión del fenómeno.
Por un lado, en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), como organismo rector de la Política Nacional de Vivienda (PNV), hemos calculado que, según las cifras de la ENIGH 2022, desde el inicio de la administración, la proporción de viviendas en rezago ha disminuido 3%. Alrededor de 3 millones de personas ya no viven en esa condición y esperamos que al finalizar el sexenio ese número supere los 4 millones.
Por otro lado, el 10 de agosto pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó los resultados de su nueva medición multidimensional de la pobreza, que también arrojó datos positivos. Los dos indicadores de carencias sociales relacionados con la vivienda disminuyeron. La población con carencia por calidad y espacios de la vivienda bajó 1.9% respecto a 2018 —casi dos millones de personas menos— y la población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, 1.8% —cerca de un millón y medio de personas—. Para ponerlo en perspectiva, la cantidad de personas que dejaron de vivir con estas privaciones es similar a las poblaciones de Quintana Roo y Aguascalientes, respectivamente.
Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que esta mejora responde, en gran medida, a la visión en la PNV que se estableció al inicio de este gobierno, según la cual la vivienda es un derecho fundamental antes que un producto comercial. En ese sentido, la Sedatu se dio a la tarea de coordinar a los diferentes organismos públicos federales de vivienda para determinar una estrategia de acuerdo con criterios de justicia social y, en particular, de una realidad innegable en el país: dos terceras partes de las familias en México han construido sus propias viviendas, sin la intervención directa de intermediarios o empresas de construcción.
Por consiguiente, desde el inicio de la administración se ha privilegiado la ayuda a la autoproducción de vivienda como el eje transversal de nuestro actuar. Y en paralelo, para decidir cómo asignar los recursos se han establecido criterios socioeconómicos progresivos. Es decir, los apoyos económicos se centran en las zonas con mayores grados de rezago o marginación y dentro de éstas, en los grupos más vulnerables, como las mujeres y las personas indígenas.
Actualmente, se han llevado a cabo casi 3.2 millones de acciones de vivienda con una inversión de más de 930 mil millones de pesos, que se dividen entre créditos y subsidios Además, se ha hecho un gran esfuerzo para organizar y difundir la información sobre todos los apoyos gubernamentales federales disponibles y para proveer información técnica útil para las personas.
Siguiendo lo anterior, hemos desarrollado la plataforma “Decide y Construye”, una página web que recopila y organiza las diferentes opciones de créditos y subsidios públicos y que ofrece información para que las personas puedan hacer, mejorar o ampliar sus casas con base en la autoproducción. Dentro de ella hay una variedad de recursos, como video-tutoriales, un simulador de costos, imágenes y gráficos para ilustrar procesos de manera sencilla e incluso proyectos de vivienda completos con planos. Así, se trata de una herramienta útil y gratuita que provee asesoría técnica para que las personas puedan planear, presupuestar, construir y dar mantenimiento a sus hogares.
La visión que tenemos es clara: queremos lograr que las familias sean el centro de la acción habitacional para combatir el rezago. Hay evidencia de que la estrategia implementada funciona y da resultados.
Desde luego, ello no significa que sea una tarea sólo del gobierno. Al contrario: en aras de lograr que cada una de las familias mexicanas tengan una vivienda digna y decorosa, como se establece en la Constitución, es indispensable la participación y colaboración de todas las voces. Necesitamos de la sociedad civil, de la academia y, desde luego, de las y los empresarios.
El llamado general es a consolidar un modelo de rectoría del Estado que regule y coordine al sector público, privado y social en favor del bienestar general. La vivienda constituye el cimiento del entramado social: es el núcleo de la vida comunitaria desde el cual emergen otros derechos y necesidades de la sociedad. De esa manera, si logramos desarrollar políticas habitacionales consensuadas, bien estructuradas y cercanas a la realidad de la gente, estaremos contribuyendo a la regeneración de esta base y, por ende, a la revitalización de nuestra nación.
*Román Meyer Falcón
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu)
