Por Lilia Aguilar Gil.*
Del neoliberalismo y la corrupción han surgido varios fenómenos sociales que
afectan a la ciudadanía. Uno de ellos, es la llamada especulación inmobiliaria, esa
que trata a la vivienda como una mercancía, sujeta a la fluctuación del libre mercado,
sin ningún tipo de regulación que redefina lo que es la vivienda: un bien social y un
derecho. El objetivo es que todos ganen, no unos cuantos. Que la gente tenga
acceso a una vivienda adecuada y que los empresarios del sector contribuyan a ello,
junto con un Estado que garantice un acceso equitativo para todas y todos.
La especulación inmobiliaria es un proceso en el que los propietarios o gestores de
operaciones inmobiliarias de compraventa y renta establecen precios de oferta en el
nivel máximo posible para un momento determinado, con el objeto de incrementar
sus ganancias, anticipando una futura escasez o transformación del uso del suelo,
ocasionando el encarecimiento generalizado del valor del suelo en la zona en la que
se localizan los inmuebles ofertados para su renta o venta y consecuencias negativas
en materia ambiental, respecto del aprovechamiento del potencial de uso y
localización del suelo y en la certeza jurídica respecto de su tenencia.
Es decir, la especulación inmobiliaria se ha convertido en un recurso de los
particulares, e incluso de los servidores públicos que integran los órdenes de
gobierno locales para obtener ganancias muy superiores en un futuro, derivadas de
la renta o venta de un inmueble o suelo que se mantiene en desuso o subutilizado,
previendo una mejora en la infraestructura o, incluso, considerando factores
naturales de las ciudades como el crecimiento demográfico, a cambio de una
inversión que no justifica la utilidad y que genera encarecimiento de la vivienda.
Y no se trata de satanizar a nadie, sabemos que el suelo urbano tiende a incrementar
su precio de manera normal y real en función de la escasez, monopolización,
infraestructura, ubicación, entre otras; sin embargo, este incremento, no se compara
con el que se deriva de la especulación.
De igual forma, la insuficiente planificación urbana y regulación de edificación de
vivienda limita la capacidad de las autoridades locales para gestionar el territorio,
contribuyendo a generar procesos de especulación y surgimiento de asentamientos
desvinculados de las áreas consolidadas, y es que, el urbanismo y arquitectura de la
gran mayoría de las ciudades en México se ha basado en los intereses de pocos sin
considerar el bienestar de la población y desde la óptica de la vivienda como un bien
comercial y no como un bien social.
Un elemento más a considerar es la alta demanda de oferta de vivienda que desde
hace al menos 3 o 4 décadas se ha incrementado. Y es normal, después de que en
1950 había 25.8 millones de personas, para 2020 se registran 126 millones, lo que
ha repercutido invariablemente en la demanda de vivienda. Aunado a ello, y de
acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se
considera que el alto costo de la vivienda en México y la percepción de bajos
ingresos, genera la incapacidad de adquirir una vivienda a través de un
financiamiento público o privado, es por ello que el ingreso familiar es uno de los
principales factores asociados al rezago habitacional ya que 69.10% de los hogares
recibe menos de cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
mensual vigente.
Todos estos factores provocan que algunos, desde la autoridad, tomen ventaja y en
una muestra de abuso de poder contundente, se aprovechen de la necesidad de
vivienda y negocien, más bien, trafiquen con ese bien social que es la vivienda. Para
muestra, tenemos dos casos que después de años de investigación, empiezan a dar
frutos y ya hay castigo para algunos de los implicados, aunque hay que decirlo, aún
no todos.
El cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez es uno en el que están involucrados
198 inmuebles y que operaba con un esquema de enriquecimiento ilícito basado en
el intercambio de favores por medio de colusiones fuera de la ley con constructoras
y desarrollos urbanos, así como extorsiones a empresarios en dicha demarcación.
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México apuntan
hasta los jefes delegacionales del PAN, de hecho, existen ordenes de aprehensión
en contra de algunos funcionarios quienes, coincidentemente registraron grandes
sumas de dinero o en especie (justamente con inmuebles), en sus haberes.
En San Miguel de Allende, Guanajuato, este fenómeno se repite, donde un par de
presidentes municipales, los hermanos Villarreal, causaron un daño patrimonial de
170 millones de pesos. Allá existen 29 denuncias por ventas y permutas de terrenos
municipales a precios irrisorios, mientras que el fraude en materia inmobiliaria
asciende a 138 millones 578 mil pesos.
Esta situación hace más que urgentes las modificaciones en la legislación que
combatan y castiguen la especulación inmobiliaria desestibándola y con ello, como
consecuencia, garantizar el acceso equitativo que corrija las disparidades e
inequidad sociales que acentúa aún más la especulación inmobiliaria. Y esa es
precisamente la tarea que su servidora, como Presidenta de la Comisión de Vivienda,
llevaremos a cabo porque este artilugio debe terminarse.
*Lilia Aguilar Gil
Presidenta de la comisión de vivienda de la Cámara de Diputados
