El titular del Insus destacó que la iniciativa privada puede contribuir a generar ciudades más accesibles y equitativas a través de una colaboración intensa con el gobierno
En días recientes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) presentaron la Política Nacional del Suelo, cuyo objetivo es impulsar una gestión efectiva del suelo, que permita generar un crecimiento ordenado de las ciudades.
José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Insus, destacó que la nueva política busca establecer una serie de preceptos para orientar la toma de decisiones, y, sobre todo, reconocer que atender la problemática del suelo es la base para resolver la serie de retos que tienen que ver con el desarrollo urbano.
“Cualquier decisión de política pública relacionada con el desarrollo urbano y con el ordenamiento territorial, necesariamente tiene que surgir de una política de suelo, una política que sirva para gestionar de mejor forma el territorio, que permita controlar la ocupación del suelo y que, de ese modo, sirva como la base o el fundamento para todas las demás propuestas que se hagan”, dijo.
El directivo mencionó que, el Gobierno Federal no tiene una incidencia directa en muchos temas del territorio, sino que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad para determinar los usos y estilos del suelo es el gobierno municipal; sin embargo, tanto gobiernos estatales como federal, sí pueden incidir indirectamente, a través del financiamiento.
“Del financiamiento tanto de la vivienda como del desarrollo urbano y de la infraestructura, con organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), Sociedad Hipotecaria Federal o Banobras”, explicó.
En este sentido, la Política Nacional del Suelo es el resultado del trabajo conjunto que, por más de dos años, se realizó desde la Sedatu, el Insus, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Infonavit, Fovissste, entre otros organismos.
“La Política del Suelo es un instrumento que surge de este grupo de trabajo, que surge de este debate, que está perfectamente alineado con los demás mecanismos para orientar cómo se destinan los recursos y cómo se ocupa el territorio”, señaló Iracheta.
Agrego que, si bien la aplicación de la Política Nacional del Suelo no es de carácter obligatorio, sí refleja muchas de las prioridades y objetivos que busca el Gobierno Federal en la materia. Además, en muchos casos, los municipios no cuentan con el financiamiento y recursos técnicos adecuados para garantizar la provisión de servicios y el cumplimiento de la normatividad de la planeación urbana.
“Algunos de los planteamientos que vienen a esta Política Nacional del Suelo hablan precisamente de mecanismos que podrían servir para el financiamiento y para la generación de capacidades de los municipios. Entonces, desde este otro punto de vista, es un incentivo muy fuerte para los gobiernos locales busquen seguir las orientaciones que estamos planteando, ya que van a representar una ampliación de su capacidad financiera y técnica”, aseguró el director del Insus.
Asimismo, indicó que en las ciudades existe una disparidad entre la capacidad económica de la gente y la oferta de suelo; pues, según datos del Insus, cerca de la mitad de la población no tiene capacidad de acceder a suelo formal en ninguna ciudad.
“A mí no me parece que sea un mercado que está en equilibrio, más bien es un mercado especulativo, que asume que el suelo tiene un mayor valor del que realidad tiene; y además es un mercado que no reconoce cómo se genera el valor.
“El valor se genera de diversas formas, pero hay dos principales: la primera es a través de la inversión pública, las infraestructuras y los equipamientos; y el otro gran creador de valor en el suelo son las decisiones administrativas sobre usos, destinos y densidades, que recae en la autoridad municipal”, detalló.
Iracheta Carroll abundó que la solución a esta problemática es encontrar un equilibrio entre el mercado de la vivienda y del suelo, pues debe haber una oferta para todos. De esta manera, la iniciativa privada puede contribuir a generar ciudades más accesibles y equitativas a través de una colaboración intensa con el gobierno.
“Yo estoy convencido de que el financiamiento público nunca va a alcanzar, la única forma, si aprovechamos la propia fuerza que tiene el mercado para resolver las necesidades de buena parte de la población, es alcanzando un equilibrio y un diálogo que nos permita sentar las bases de cómo vamos a trabajar juntos”, consideró.
El titular del Insus dijo no poder asegurar que este nuevo mecanismo funcione al 100%, sin embargo, algo seguro es que no se puede dejar pasar el tiempo y que cada vez se tengan ciudades más deterioradas, con mayor precariedad, con menos potencial de desarrollo y con menos actividad económica.
“No sé si vamos a alcanzar a resolver los problemas que tenemos, pero lo que sí sé es que, si no empezamos ahora, simplemente nos estamos condenando a nosotros mismos. Lo que buscamos es abrir una ventana; si ésta no funciona buscaremos otra, pero la clave es seguir avanzando hasta que encontremos las mejores medidas y el modelo mexicano que nos permita avanzar así en este control del territorio”, concluyó.
