Por Carmen Contreras.*
El desarrollo urbano y la modificación de los entornos por las actividades inmobiliarias y de construcción requieren un marco jurídico que se aplique con perspectiva de Derechos Humanos. Esta aplicación se basa en los principios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para las actividades de las empresas y sus impactos en el hábitat. (Ver en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf). Para el caso de la Ciudad de México, la relevancia de los Derechos Humanos en la planeación del desarrollo urbano la encontramos en la Constitución local, desde el artículo 1, numeral 7, el artículo 4, numeral 4 y los artículos 7,11,12 y 13.
Las protestas por algunos mega-desarrollos como Torre Mítikah o el Conjunto Estadio Azteca encontrarían puntos de distensión entre personas vecinas y las empresas desarrolladoras para mejorar el transporte, los barrios y colonias si el árbitro, es decir, el gobierno de la Ciudad de México, se concentrara en su tarea de mejorar la gestión pública, actualizara normas particulares, cumpliera su obligación de comunicar a la ciudadanía de manera clara lo que autoriza en los usos de suelo existentes, los puntos específicos de acuerdos tomados con grandes plataformas como Airbnb, las medidas de mitigación social-urbano-ambientales de las empresas que modifican el territorio. En suma, informarnos de todo aquello que concertan para devolvernos algún beneficio de los grandes negocios que se hacen aprovechando las infraestructuras y servicios públicos para chilangos, capitalinos y visitantes de la Ciudad de México.
Pienso, por ejemplo, en la inversión pública en la Avenida Chapultepec realizada en dos etapas: la primera con 250 millones de pesos y la segunda con 218.6 millones de pesos. Esta inversión aplicada principalmente en la colonia Roma Norte incrementó el valor del suelo del 2020 al 2021 un 46% en una zona de 2.3 kilómetros de corredor rehabilitado (de acuerdo a datos del propio gobierno de la CDMX). ¿En qué medida esta inversión pública beneficia a los pobladores locales? ¿Existe alguna responsabilidad de inversión privada para beneficio colectivo de quienes están por construir sus desarrollos en esa zona intervenida o tienen el objetivo de rentar vía plataformas de hospedaje para estancias cortas? Ojalá contáramos con un sistema de información sobre el destino de estas inversiones y su derrama social.
Sin embargo, la falta de información es uno de varios problemas de una administración del gobierno. La gestión pública en la Ciudad de México, a cuatro años de un sexenio, sigue atorada en los nudos administrativos que obstaculizan las tres propuestas de “reactivaciones” de la economía capitalina relacionadas con el sector de la construcción. Tres cambios de titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y uno en la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente han sido como meterse al juego de las serpientes y escaleras: un día avanza un trámite en una dependencia para construir vivienda a un costo, al otro día hay que empezar de cero en otra oficina para explicar a los nuevos directivos en qué parte de la trama se quedó la historia de un expediente que no ha sido dictaminado desde el 2019, o sea, antes de la pandemia con un costo de inversión que, en el 2022, se triplicó.
Por casos así es urgente la reforma en la gestión pública del gobierno capitalino. De nada servirá tener un Plan General de Desarrollo Urbano, un Programa de Ordenamiento Territorial y programas institucionales en cada alcaldía con un cuerpo burocrático inoperante que trabaja de manera artesanal.
La reforma en la gestión pública para aplicar los instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial va de la mano con la democratización de los espacios de participación ciudadana. Por lo común se cree que estos espacios están ocupados por los partidos políticos o, de plano, hay que tomar la calle para “darse a notar” y aspirar a ocupar un cargo burocrático.
Estas formas de organización y participación no son las únicas. Al gobierno de la Ciudad de México le ha faltado la evaluación interna de sus burocracias y un servicio civil de carrera, cada vez más empobrecido por las políticas de austeridad republicana. Una de estas políticas es “re-configurar áreas operativas” cancelando plazas de dirección intermedia en las estructuras burocráticas para “ahorrar” 25 mil millones de pesos. El servicio público en la Ciudad de México por convocatorias era una forma de asegurar la diversidad de actores sociales en la gestión con un criterio técnico sobre el político.
En el diseño de los instrumentos de planeación urbana es urgente que corran al mismo tiempo los procesos de profesionalización de las burocracias que aplicarán dichos instrumentos, la renovación de las tecnologías para la información sobre inversiones y plusvalías inmobiliarias y, principalmente, mejor comunicación con la ciudadanía.
Texto y fotografía: Carmen Contreras @Utopia_Urbana.
Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
