Por Carmen Contreras*
Las y los congresistas de la Ciudad de México terminaron su primer periodo legislativo la semana pasada y reconocieron en aquella sesión apresurada de cierre, como un tema prioritario, “el derecho a la vivienda” consagrado en la Constitución local.
Usando la palanca euclidiana de su mayoría, quienes dicen representar la avanzada progresista sobre este tema, aprobaron la iniciativa del Poder Ejecutivo para reformar la Ley de Vivienda, la Ley de Desarrollo Urbano y su Norma 26, así como el Código Fiscal de la Ciudad de México. Estas reformas, de acuerdo al texto de la iniciativa, se hicieron para procurar la construcción de viviendas para personas con ingresos bajos, compensar las densidades y establecer programas en atención a los “hogares pobres”. También buscan promover la oferta de vivienda para trabajadores y trabajadoras formales.
Las reformas aprobadas en síntesis y hablando claro, buscan reactivar la economía de la Ciudad de México a través de construir mas viviendas para sectores populares. Además pretende que estas viviendas sean construidas en polígonos específicos, los famosos 19 polígonos de actuación y cinco sistemas de transferencia de potencialidad. Se centran en producir vivienda para las y los trabajadores formales con menores ingresos presuponiendo, -como el gran mago del universo Marvel-, sus intenciones de endeudamiento en la pandemia.
Por último, buscan ajustar los precios de la vivienda popular al comportamiento del valor del suelo, al alza en los precios de los materiales de construcción y a las condiciones actuales de las empresas constructoras en el contexto de la pandemia. Es decir, son reformas que de progresistas tienen solo el barniz de poner otro concepto más en el papel: “vivienda incluyente”.
Este planteamiento sobre la ciudad democrática no se logra concretar en las reformas aprobadas. La garantía del derecho a la vivienda no se puede sostener únicamente con las facilidades a los desarrolladores y constructores privados (que suelen tener agenda política) para generar viviendas en alianza con el Gobierno de la Ciudad de México. Hay que considerar otras problemáticas que configuran la cara oculta del derecho a la vivienda:
Un 52% de las personas en México que usan los servicios bancarios se endeudan con tarjetas de crédito para gastos de consumo cotidiano relacionados con la alimentación, la salud, la educación, la ocupación de la vivienda y el uso de tecnología, ya sea para entretenimiento o para trabajar por dinero. (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2016). Actualmente solo 9.6% del crédito en hogares capitalinos se destina a la adquisición de bienes de consumo duradero, como es el caso de los créditos hipotecarios. En tiempos de pandemia el endeudamiento tiene un riesgo mayor de no ser pagado. Entonces, ¿quiénes podrían sostener un crédito a largo plazo para las viviendas que se construirán?
Mas de la mitad de la PEA en ciudades mexicanas trabaja en actividades informales que no se registran, no acreditan ingresos ni generan seguridad social presente y futura en la vejez. La Encuesta Telefónica sobre Empleo del INEGI (2020), nos dio datos preocupantes. 52% de la PEA trabaja en la informalidad y 12 millones de empleos formales e informales se perdieron en el país. Esto nos afecta mas a nosotras, pues 2 de cada tres empleos perdidos durante la pandemia fueron de mujeres. Es probable que muchas de ellas no regresen al mercado formal. Cabe entonces preguntarse, ¿a qué trabajadores o trabajadoras beneficiará la reforma con la presente situación del empleo? La determinación de incrementar el precio de la vivienda popular ¿a quiénes será redituable?
La ubicación de las viviendas populares en zonas en donde el valor del suelo es alto puede resultar una caja de Pandora a largo plazo debido a la presión inmobiliaria. La experiencia del Bando 2 nos debería haber dejado estas lecciones: El mantenimiento de viviendas para poblaciones sin ingresos constantes se vuelve una carga y terminan rentándolas a precios altos en la informalidad, impulsando así otro círculo vicioso llamado especulación. Ahí debemos detenernos a analizar las redes de corrupción que existen en el otorgamiento de facilidades para entrar en ese círculo entre las mismas burocracias estatales o de partido. Al final de cuentas, toda política de vivienda es Política.
Las reformas aprobadas precipitadamente están lejos de fortalecer las alianzas público-privadas que se necesitan para garantizar el derecho a la vivienda, las cuales se deberían centrar en corregir los fallos de las rentas, mas que en la construcción. Da la impresión de que su población objetivo no son las personas de ingresos más bajos o que no pueden acreditar ingresos. Parece que buscan control político de esos sectores, pero también de las empresas para entrar a un mercado que no es de su interés en tanto no haya otras medidas integrales en el empleo.
Texto y fotografía: Carmen Contreras
*Directora de Perspectivas de IG y Consultora en Desarrollo Urbano con Perspectiva de Género
