Por Carlos Martínez*
El pasado 25 de marzo concluimos una serie de mesas de trabajo sobre la reforma a la Ley del Infonavit. De acuerdo con nuestra legislación existen las Comisiones Consultivas Regionales que son un organismo tripartita de consulta local, en cada una de éstas se encuentra representado el sector empresarial, sindical y el gobierno que analizan periódicamente el funcionamiento del Instituto y la evolución de la oferta y la demanda de vivienda. De esta manera, los patrones y los representantes de los trabajadores tienen una sensibilidad sobre lo que puede hacerse mejor y más rápido para que los trabajadores accedan al crédito o tratar problemáticas que enfrentan las empresas aportantes.
Como era de esperarse, estas comisiones no podían quedar fuera de la discusión en torno a la reglamentación de la reforma a la Ley del Infonavit, que entrará a pleno vigor a partir del próximo 16 de abril de 2021 cuando el Consejo de Administración apruebe las reglas de otorgamiento de crédito que disponen los artículos transitorios del decreto de reforma. Así pues, sostuvimos 16 reuniones en las que participaron 1,413 personas que representaron a gobiernos locales, asociaciones empresariales, sindicatos estatales y regionales, y participantes de otros servicios adicionales al crédito como notarios, valuadores, entre otros.
Entre los principales aspectos que pidieron considerar en las reglas fueron:
· Evitar que el financiamiento a suelo para la construcción de vivienda tuviera como consecuencia el desorden urbano de las ciudades.
· Mantener la salud financiera del Fondo, debido a que se constituye con dinero de los ahorradores.
· Establecer mecanismos de asistencia técnica para que la autoproducción de vivienda sea segura y de calidad.
Todos estos elementos se están considerando en los documentos reglamentarios a la reforma que se están construyendo entre los representantes del gobierno, las empresas y los sindicatos. Por ejemplo, la propia ley nos obliga a verificar que el suelo a financiar cumpla con la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano, riesgos y ecología, todas ellas de carácter municipal. También se ha establecido como una política de crédito que el financiamiento permita que el Fondo tenga rendimientos para poder pagar un rendimiento a todos los ahorradores como lo establece la ley. Y en materia de construcción de vivienda hemos avanzado con el programa ConstruYo que brinda asistencia técnica al solicitante del crédito, además de la información en la plataforma digital “Decide y Construye”.
Si bien los documentos reglamentarios siguen en análisis y enriquecimiento, estoy seguro de que estarán listos en la fecha indicada. Pero lo más importante es que todos los que están participando en este ejercicio tenemos claro que el centro es el trabajador quien debe de elegir en plena libertad y con información la mejor forma de uso de su ahorro de vivienda para consolidar un mayor patrimonio.
*Carlos Martínez Velázquez
Director General del Infonavit
