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Pandemia se debe abordar con una perspectiva de derecho a la vivienda

Vivienda | Cobertura Covid-19 |

Las afectaciones económicas por la pandemia pueden causar que muchas personas no puedan pagar a tiempo sus alquileres, servicios básicos e impuestos

La presente contingencia por la pandemia del Covid-19 afectará significativamente a distintos sectores de la población; pero sobre todo a los trabajadores informales, a las personas que sufrirán despidos y a quienes verán reducido su salario.

Asimismo, se verán severamente afectadas las personas que viven en espacios inadecuados o en asentamientos en condiciones precarias o no reconocidos; con servicios carentes o en la calle.

Por ello, es fundamental que las autoridades aborden la pandemia desde una perspectiva de derecho a la vivienda adecuada; ya que puede ser un factor de gran importancia para impedir daños irreparables a la salud y a la vida de las personas.

En este sentido, la Coalición Internacional para el Hábitat enumera los cuatro objetivos prioritarios para garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas:

  1. Suspender desalojos en todo el país

En un contexto donde la pandemia obliga a las personas a resguardarse en sus casas para evitar contagios, los desalojos implican un gran riesgo sanitario que pudiera agravar el escenario.

La contingencia implica una disminución en los ingresos de miles de personas, y, por lo tanto, su capacidad para realizar pagos a tiempo; por lo que los Poderes Judiciales deben suspender todas las diligencias de desalojo con el fin de evitar aumentar el número de personas en las calles.

  1. Decretar suspensión en el pago de las rentas, de los suministros básicos, y de los préstamos o créditos hipotecarios para los hogares que pierdan o reduzcan significativamente sus ingresos.

Las afectaciones económicas por la pandemia pueden causar que muchas personas no puedan pagar los alquileres de sus viviendas o negocios; así como realizar el pago de préstamos y créditos hipotecarios. En este sentido, se debe suspender o reducir el pago de los alquileres hasta superar la crisis sanitaria.

También, debe declararse la moratoria al pago de préstamos o créditos hipotecarios, y paralizar el cobro de deudas e intereses durante la contingencia a personas, familias y negocios pequeños.

  1. Otorgar alternativas de vivienda para quien no tenga dónde resguardarse; así como ofrecer alternativas a los servicios carentes y alimentos a los grupos en mayor riesgo

Las personas que viven en la calle, o que fueron recientemente desalojadas, no tendrán donde resguardarse durante la contingencia; lo mismo para la población migrante que permanece en refugios y la que habita en las cárceles, lugares donde no siempre se garantizan las medidas básicas de higiene y la posibilidad de distanciamiento social.

Frente a ello, las autoridades deben otorgar alternativas de vivienda o refugios temporales suficientes; a fin de garantizar a todos esos sectores mencionados espacios en los que puedan pasar la contingencia en condiciones dignas, salubres, con acceso al agua potable y con todos los cuidados necesarios para que no se vuelvan centros de contagio.

  1. Suspender cortes de servicios de agua y saneamiento; así como establecer medidas urgentes de salubridad e higiene en asentamientos del país en condiciones precarias o no reconocidos

La limpieza e higiene corporal es una de las principales medidas para evitar la propagación del Covid-19; sin embargo, en los asentamientos en condiciones precarias del país decenas de miles de personas carecen de acceso al agua.

Por esta razón, se debe garantizar que estos sectores de la población no se vean inmersos en focos de contagio por la imposibilidad de acceder a los servicios más básicos. Asimismo, es vital que los organismos operadores de servicios de agua y saneamiento suspendan sin excepción los cortes de servicios domiciliarios y de centros que ofrecen servicios básicos; como clínicas, asilos, refugios, comedores y baños públicos.

Distintas organizaciones, redes, académicos y activistas firmaron una carta dirigida al Gobierno Federal, Gobiernos estatales y municipales, instituciones bancarias y al sector privado; a fin de exigir que se adopten a la brevedad las medidas pertinentes para cumplir con los objetivos prioritarios mencionados.

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Fernanda Hernández

Reportera y redactora en Centro Urbano. Soy egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM). Me interesa la cultura, el urbanismo y la arquitectura. Amante del mundo digital, el cine, la música, la lectura y la escritura.


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