La iniciativa plantea un plazo máximo de 30 días para liberar créditos hipotecarios liquidados y sanciones a las instituciones financieras que retrasen el trámite
Los créditos hipotecarios que ya fueron liquidados podrían contar con un plazo máximo de 30 días naturales para quedar formalmente liberados, de acuerdo con una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.
El diputado del PRI, Yericó Abramo Masso, propuso reformar el artículo 2941 del Código Civil Federal para establecer un periodo máximo e improrrogable para que las instituciones de crédito emitan la carta de instrucción de liberación de hipoteca y la presenten ante el notario público o el Registro Público de la Propiedad correspondiente.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, plantea que el plazo comience a partir del día siguiente al pago total de la obligación garantizada. Además, establece que el banco deberá entregar al usuario la carta de liberación, designar al notario y dar seguimiento al trámite hasta completar la inscripción registral.
Actualmente, el pago total de un crédito no elimina por sí mismo el gravamen que aparece sobre la propiedad. El propietario debe completar posteriormente los trámites notariales y registrales para acreditar la extinción de la hipoteca, proceso que puede retrasar la posibilidad de vender o disponer legalmente del inmueble.
Ante esta situación, la iniciativa plantea sanciones para las instituciones que incumplan con el plazo. En caso de retraso, propone una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada día, además de una indemnización para el usuario equivalente a 1% del valor total del crédito por cada mes de demora.
La propuesta también contempla que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pueda suspender temporalmente la facultad de la institución financiera para colocar vivienda cuando incurra en estos incumplimientos.
En la exposición de motivos, Abramo Masso señala que existen créditos que permanecen registrados como activos aun cuando las personas ya terminaron de pagar la hipoteca. Esta situación puede complicar la enajenación de los inmuebles, debido a que la propiedad conserva un gravamen hasta que concluye el proceso de liberación y registro.
El legislador atribuye parte de estas demoras a procesos administrativos internos de las instituciones financieras. Por ello, plantea establecer un plazo definido que reduzca los tiempos de gestión y dé certeza a los propietarios sobre la situación jurídica de sus inmuebles.
La iniciativa también sostiene que las instituciones de crédito cuentan con herramientas digitales para procesar operaciones financieras en cuestión de minutos, por lo que considera que la emisión de una instrucción para liberar una hipoteca no debería requerir periodos prolongados de validación interna.
