El investigador señaló que se requiere otra forma de entender la vivienda social y dejar de considerarla como mercancía
De acuerdo con Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en México, el concepto de vivienda social ha quedado en el olvido.
Esto debido a que el modelo de construcción masiva de vivienda social que se ha desarrollado en México desde el año 2000 ha sido un éxito en términos económicos para las inmobiliarias y fondos públicos; sin embargo, en el ámbito social ha sido un fracaso, porque las condiciones de la población que ha adquirido un crédito hipotecario se han mermado.
El experto agregó que se requiere otra forma de entender la vivienda social, para lo cual es prioritario dejar de considerarla como mercancía y darle importancia a su valor de uso y no de cambio.
“La vivienda social se ha constituido en mercancía, y, si tengo más, puedo lucrar con ella. En ese sentido, un sector reducido de la población, conformado por las clases media alta y alta, la compran para reproducir capital: adquieren dos, tres, cuatro departamentos o casas, y las alquilan.
“(…) Si en lugar de su valor de cambio importara su valor de uso, no habría gran cantidad de viviendas abandonadas o que no se han vendido, ni el número de población que no tiene dónde vivir. El artículo 4 de la Constitución establece que todo mexicano tiene derecho a una vivienda adecuada, pero se incumple”, aseveró.
Salinas agregó que el mercado hipotecario en México es altamente lucrativo, y ha representado numerosos problemas para la población. Por ejemplo, las tasas de interés elevadas o los créditos indexados a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
De igual manera, mencionó que, para comprar una vivienda social, o de cualquier segmento, las familias solicitan créditos hipotecarios a los bancos o a los fondos públicos, es decir, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).
Estos últimos fueron creados para que la población trabajadora, con ingresos equivalentes a dos o tres salarios mínimos, tuviera acceso a una vivienda. Sin embargo, en la década de los 90, el Banco Mundial sugirió reducir la cartera vencida de esas instancias y aplicar una tasa de interés que les generara ingresos. Además de que, para garantizar el pago mensual de los créditos, el otorgamiento se limitó a la población que gana más de tres veces el salario mínimo.
“De esa manera, el mercado hipotecario ha sido totalmente lucrativo para los fondos públicos, pero ha empeorado las condiciones de las familias e incidido en su calidad de vida, porque varias viven en las periferias, en zonas mal ubicadas, lejanas, donde no hay escuelas, centros de salud, equipamiento, abastecimiento de agua, buen drenaje o transporte, lo cual propicia gran cantidad de inmuebles abandonados”, explicó.
Por lo anterior, Salinas Arreortua recomendó a las personas que tienen contratado un crédito hipotecario acercarse a los fondos públicos para conocer la posibilidad de modificar su deuda y cambiarla de salarios mínimos o UMAs, según sea el caso, a pesos. Y, para quienes piensan en adquirir un financiamiento de este tipo, informarse bien acerca del compromiso que representa una deuda hipotecaria.
