El grupo empresarial plantea mantener el límite de incrementos en las rentas conforme a la inflación durante los contratos vigentes
El G9, agrupación que reúne a cámaras y asociaciones empresariales de la Ciudad de México, presentó una serie de planteamientos sobre la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, con el objetivo de fortalecer la protección de las personas arrendatarias sin afectar la oferta de vivienda en alquiler.
Entre las organizaciones que integran el grupo se encuentran la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Coparmex CDMX, Canacintra, Canaco CDMX, Canadevi Valle de México y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), además de representantes de otros sectores económicos.
En su posicionamiento, el G9 reconoció los esfuerzos del Gobierno capitalino para brindar mayor estabilidad a quienes rentan una vivienda, así como la apertura al diálogo por parte de la administración encabezada por Clara Brugada Molina y del Congreso local.
No obstante, señaló que la regulación también debe generar condiciones que incentiven la conservación, el mejoramiento y la incorporación de inmuebles al mercado de las rentas.
“Compartimos el objetivo de prevenir incrementos desproporcionados y dar estabilidad a las familias. Para alcanzar ese propósito, consideramos importante que la regulación también favorezca la conservación y generación de vivienda en renta, ampliando las opciones para quienes buscan un hogar”, indicó el grupo.
Proponen diferenciar contratos vigentes y nuevos arrendamientos
Uno de los principales planteamientos del G9 consiste en mantener el límite anual de incremento de las rentas conforme a la inflación durante toda la relación de arrendamiento, incluidas las renovaciones con una misma persona inquilina.
Sin embargo, propone que, cuando concluya dicha relación y se celebre un contrato con una persona distinta, ambas partes puedan negociar libremente el monto inicial de la renta.
A partir de ese nuevo acuerdo, volvería a aplicarse el límite anual de incrementos vinculado a la inflación.
De acuerdo con el grupo empresarial, esta modificación permitiría mantener la protección de quienes actualmente ocupan una vivienda, sin establecer restricciones permanentes sobre los precios de futuros contratos.
“Este ajuste busca evitar que una renta pactada bajo circunstancias particulares condicione indefinidamente contratos posteriores y reduzca los incentivos para conservar, mejorar y ofrecer viviendas en alquiler. Se trata de proteger a quienes hoy rentan sin reducir las opciones de quienes necesitan hacerlo”, destacó.
Buscan fortalecer la certeza en los arrendamientos
Además de los ajustes al mecanismo de actualización de rentas, el G9 adelantó que presentará propuestas relacionadas con el Registro Digital, la efectividad de las garantías y el funcionamiento imparcial de la Defensoría.
Estas medidas, señaló, buscan fortalecer la certeza en las relaciones de arrendamiento, tanto para propietarios como para personas inquilinas.
Asimismo, las organizaciones integrantes del grupo reiteraron su disposición a participar en la discusión de la iniciativa mediante propuestas que permitan equilibrar la protección de los arrendatarios con la disponibilidad de vivienda en renta.
Congreso de CDMX abre diálogo sobre Ley de Rentas Justas
El posicionamiento del G9 se presenta en el contexto del proceso de análisis de la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso capitalino el 14 de octubre de 2026.
Como parte de este proceso, las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia aprobaron la realización de diez mesas de diálogo, programadas del 6 al 17 de noviembre, para recoger observaciones y propuestas de distintos sectores de la sociedad.
Estos encuentros buscan analizar los alcances de la iniciativa y enriquecer su contenido mediante la participación de personas arrendatarias, propietarios, especialistas, organizaciones y representantes del sector empresarial.
En este contexto, el G9 busca contribuir a una regulación que brinde estabilidad a las familias y, al mismo tiempo, genere condiciones para conservar y ampliar las opciones de vivienda en alquiler en la Ciudad de México.
