De 61 casos de despojo confirmados, 44 ya registran judicialización, aseguramiento de propiedades o mediación
El Gobierno de la Ciudad de México reportó avances en la estrategia integral contra el despojo de inmuebles, mediante la cual busca agilizar la atención de denuncias, recuperar propiedades y brindar certeza a las personas afectadas.
De acuerdo con información presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entre el 5 y el 31 de agosto de 2026 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina recibió 315 denuncias relacionadas con posibles casos de despojo.
Tras su revisión, 61 casos fueron confirmados como este delito, de los cuales 44, equivalentes al 72%, ya cuentan con algún resultado mediante la judicialización, el aseguramiento de inmuebles o procesos de mediación.
En este periodo, las autoridades capitalinas lograron el aseguramiento de 22 inmuebles, mientras que 17 casos fueron llevados ante un juez y cinco concluyeron mediante acuerdos reparatorios.
CDMX suma 53 inmuebles asegurados o recuperados
En el balance general de la estrategia, que también contempla investigaciones iniciadas con anterioridad, las autoridades reportaron 53 inmuebles asegurados o recuperados, además de 102 casos llevados ante un juez y 32 mediaciones exitosas.
La estrategia se desarrolla de manera coordinada entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la FGJ y la Secretaría de Gobierno de la CDMX.
Brugada señaló que el objetivo es ofrecer una respuesta integral a las personas afectadas, recuperar los inmuebles cuando corresponda y garantizar el acceso a la justicia, a partir de la coordinación entre las instituciones responsables de seguridad, procuración de justicia y atención ciudadana.
No todas las denuncias corresponden a despojo
La fiscal general de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, detalló que de las 315 denuncias recibidas entre el 5 y el 31 de agosto, 61 fueron confirmadas como despojo, cinco de ellas cometidas con violencia y 56 sin violencia.
Otros 154 casos permanecían en proceso de verificación, mientras que 100 fueron identificados como conductas diferentes.
Esta clasificación forma parte del procedimiento establecido para determinar qué vía debe seguir cada denuncia. Cuando se identifica la posible comisión de un delito, el caso continúa mediante investigación y, en su caso, judicialización.
En contraste, cuando las autoridades determinan que se trata de conflictos familiares, vecinales, comunitarios, civiles o sucesorios, la estrategia contempla mecanismos alternativos para la solución de controversias.
Con ello, el Gobierno capitalino busca diferenciar los conflictos relacionados con la propiedad y posesión de los inmuebles de aquellos que constituyen un delito, al tiempo que fortalece los mecanismos para la restitución y recuperación de propiedades afectadas por despojo.
