Por Daniel Enrique Pérez Torres*
La Zona Metropolitana del Valle de México es una de las aglomeraciones urbanas más grandes del mundo. Aquí habitamos casi 23 millones de personas, lo que equivale al 17% de la población nacional. Esta gran ciudad, a pesar de todos sus problemas, tiene una gran relevancia económica pues produce alrededor de 28% del Producto Interno Bruto del país.
Se clasifica como una Zona Metropolitana porque desde mediados del siglo XX la ciudad rebasó los límites del entonces Distrito Federal. En una metrópoli llena de contrastes: cuenta con zonas altamente desarrolladas con espacios públicos, transporte, infraestructura, equipamientos, que se concentran en el poniente y centro de la Ciudad de México; pero, al mismo tiempo, en la periferia y al oriente existen colonias y barrios donde prevalecen importantes carencias para la población de menores ingresos.
La concentración de los empleos en algunas centralidades de la zona metropolitana ocasiona que muchas personas que viven en municipios periféricos como Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, entre otros, requieran hasta cuatro horas diarias – media jornada laboral- en recorridos de ida y vuelta al trabajo. Este grave problema de pobreza de tiempo requiere, por un lado, soluciones de transporte masivo a escala metropolitana, pero también promover que exista más empleo en estos y otros municipios metropolitanos.
Pero el problema no se limita al empleo. Los principales hospitales de especialidades y centros de educación superior también se concentran en la Ciudad de México, por lo que resulta importante lograr una mejor distribución de estos equipamientos en el territorio metropolitano y, con ello, mejorar la calidad de vida de millones de personas. Esto cobra aún mayor relevancia si consideramos que, para 2050, uno de cada cuatro habitantes tendrá más de 65 años, lo que pone de relieve la necesidad de construir una ciudad más accesible para todos.
La Zona Metropolitana ya no está creciendo en población de forma significativa. Se prevé que llegará a un máximo de 22.7 millones de habitantes en el 2050, no muy diferente lo que hay en 2025. Sin embargo, existirá un gran reto asociado a la demanda de vivienda, ya que el promedio de habitantes por hogar tiende a disminuir y se prevé que llegue a 2.6 personas por vivienda para el 2050, lo que implicaría una demanda adicional de 2.2 millones de viviendas.
Esta demanda se explica, en buena medida, por lo que se conoce como “desdoblamiento” de los hogares. Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes que habita una sola vivienda puede generar posteriormente una demanda de viviendas adicionales cuando los hijos se independizan o los padres se separan. Es decir, no es necesario que aumente la población para que crezca la demanda de vivienda.
El problema se agudiza cuando observamos que resulta prácticamente imposible adquirir vivienda económica en 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en nueve de los municipios metropolitanos del Estado de México que cuentan con mejores condiciones urbanas y de accesibilidad. Esto ayuda a explicar por qué la ciudad continúa expandiéndose hacia la periferia, hasta alcanzar alrededor de 300 mil hectáreas en 2025, pues es en estos territorios donde la población encuentra viviendas a precios más accesibles.
La gran expansión urbana y los largos desplazamientos cotidianos mencionados generan, además, graves problemas de tráfico y una alta dependencia del automóvil privado, al tiempo que ejercen presión sobre zonas de valor ambiental y agrícola.
La propuesta para atender estos y otros temas se denomina “Metrópoli de Proximidad”. Este concepto propone reorganizar la estructura metropolitana acercando vivienda, empleo y servicios esenciales, con el propósito de reducir los desplazamientos y la dependencia del automóvil mediante una red de centralidades ubicadas en zonas que cuenten con servicios e infraestructura y estén vinculadas al transporte público masivo y semimasivo.
En esta materia resulta indispensable adoptar una visión integral del ciclo hidrológico: conservar y restaurar los bosques de las partes altas de la cuenca para favorecer la recarga de los acuíferos; resolver los problemas de fugas en la red, donde se pierde hasta el 40% del vital líquido; lograr que la distribución sea constante y de buena calidad para todos los habitantes; promover un uso racional del recurso —pues existen zonas en las que se consumen más de 350 litros por persona al día, cuando alrededor de 120 litros diarios podrían ser suficientes—; tratar las aguas residuales; descontaminar ríos y otros cuerpos de agua; aprovechar el agua de lluvia, y fomentar su reúso en lugar de simplemente expulsarla de la cuenca.
Estas y muchas otras propuestas se integran en el Programa bajo el concepto de “Metrópolis Esponja”, que comprende acciones en las que deben participar todos los órdenes de gobierno, aportando recursos y actuando con plena conciencia de que de ello depende el futuro de toda la metrópoli.
Evidentemente, los retos mencionados y otros muchos son muy complejos y requieren, en primer lugar, un cambio de mentalidad en el cual pensemos que los territorios urbanos dependen de zonas naturales y de producción rural que otorgan servicios ambientales, de abastecimiento y recreativos. También se necesita una mayor conciencia de que una parte importante de la población enfrenta grandes carencias y de que es necesario alcanzar un mayor equilibrio territorial en la distribución del empleo, los equipamientos, la infraestructura y los espacios públicos, para que el derecho a la ciudad sea una realidad para todos y no únicamente para algunos sectores privilegiados.
El Programa Metropolitano tiene como una de sus principales finalidades la solución de estos y otros problemas que rebasan las capacidades de los gobiernos locales. Los temas mencionados y otros como la gestión de los residuos sólidos, el riesgo, los cuidados, y el incremento de la productividad agrícola, no se pueden resolver sin la actuación coordinada de las 4 entidades federativas y sin la intervención de la Federación.
En congruencia con lo anterior, es un hecho también que el marco jurídico vigente en la zona metropolitana no permite resolver estos retos y por ello la instrumentación del Programa dice“los instrumentos aquí planteados constituyen un punto de partida para fortalecer el diálogo y la coordinación entre las autoridades que ejercen competencias en el territorio de la Zona Metropolitana del Valle de México”. A partir de ellos “las instancias correspondientes podrán promover los ajustes normativos necesarios, así como establecer convenios y acuerdos que faciliten la implementación de las políticas, estrategias y proyectos del Programa”.
En este contexto, la consulta pública de este documento resulta especialmente importante, porque nos encontramos ante un momento definitorio: podemos continuar con la tendencia de expansión indiscriminada de la mancha urbana, con escasas posibilidades de acceso a una vivienda asequible para la población de menores ingresos y con millones de personas que deben viajar varias horas todos los días para trabajar, estudiar o satisfacer otras necesidades básicas; o bien avanzar hacia un instrumento que comprometa a los gobiernos que integran esta gran metrópoli a coordinarse e impulsar acciones para enfrentar estos y otros problemas.
*Daniel Enrique Pérez Torres
Profesor en el Posgrado Urbanismo de la UNAM
